Punta de lanza. La gestión uñaquista impulsó el sistema de Flagrancia, en el que los fiscales investigan los casos, en coordinación con la Policía. El nuevo Código extiende ese sistema a todos los hechos delictivos.

El cambio es drástico. El nuevo Código Procesal Penal que regirá en la provincia va encaminado a que luego de que una persona implicada en un delito, sea detenida o no, reciba la sentencia (absolutoria o condenatoria) dentro de 36 días. Con el sistema actual, un sospechoso, si es apresado, puede pasar hasta tres años tras las rejas a la espera de una definición. Y si está en libertad, el plazo es aún mayor. El cuerpo normativo está en los retoques finales y la comisión que está trabajando en el tema presentará la propuesta al Ejecutivo en el transcurso del mes para que este lo envíe el 30 a la Cámara de Diputados, aseguró Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno. El plan, según manifestó, es que todo el año que viene se estudie y se defina su aplicación para que en 2019 pueda estar operativo.

El Código Procesal Penal establece los mecanismos de persecución contra el crimen. La gestión uñaquista le ha puesto fichas al sistema en el marco de su política contra la inseguridad. La investigación estará en poder de los fiscales, mientras que los magistrados serán los guardianes de las garantías constitucionales y del proceso. El objetivo es que cada parte cumpla su verdadero papel, que el cuerpo normativo implique un procedimiento ágil para que los imputados reciban una sentencia a tiempo y que inclusive las víctimas tengan participación, que hoy prácticamente no la tiene. Actualmente, la causa está a cargo del juez, que además resuelve la situación de los sospechosos en primera instancia, a través del procesamiento, en el que plasma la probable responsabilidad de los imputados.

El Gobierno, junto al Poder Judicial y el Legislativo, hizo punta con Flagrancia, un régimen de enjuiciamiento exprés para los delincuentes atrapados con las manos en la masa. El nuevo Código contemplará a los hechos delictivos que quedan fuera de Flagrancia, es decir, aquellos con autores desconocidos hasta que se da con su identidad y las investigaciones más complejas y que lleven más tiempo.

En ese marco, los detalles de las puntadas finales del sistema de enjuiciamiento los dio Aubone, integrante de la comisión reformadora. Luego de que una persona sea detenida por un hecho delictivo, al día siguiente será sometida a una audiencia para verificar la legalidad de su captura y si es así, si continúa en ese estado hasta la primera instancia de juicio. Esa etapa debe producirse a los siete días, en la que puede haber una sentencia que lo condene o lo absuelva o llegar a un acuerdo, entre su defensor y el fiscal, de juicio abreviado o la realización de tareas comunitarias. Además, el Código establecerá que los involucrados en delitos complejos y graves, como homicidios o violaciones seguidas de muerte, sean sometidos al mecanismo de juicio por jurados. Esa fase se dará luego de 14 días de la primera instancia de juicio y todos los actores del proceso tendrán otros 14 días para deliberar y llegar a la resolución final, explicó la secretaria de Gobierno (Ver claves).

Pasar al sistema acusatorio (de investigación fiscal) implicará la designación de más representantes del Ministerio Público y de defensores oficiales. En cuanto a los jueces, los de primera instancia dejarán de existir como tales para pasar a llamarse jueces de garantías, aunque no está definido ese nombre, pero en otras provincias es así su denominación. Con respecto a estos magistrados, está en evaluación si se incrementarán.

Nuevas instancias

Control de detención

Esta audiencia está prevista que se lleve a cabo a las 24 horas de ocurrida la detención de las personas implicadas en un hecho delictivo. Lo único que se evalúa es si la captura por parte de la Policía fue legal o no. Si se constata que sí, y teniendo en cuenta la causa, la Justicia determina si la persona permanece tras las rejas o si espera en libertad la siguiente instancia.

Multipropósito

Es la audiencia multipropósito. Está estimada que se produzca, a más tardar, a una semana de que se lleve adelante la auditoría de control de detención. En esta instancia se trata de resolver la causa. Se plantea toda la defensa y toda la acusación frente al juez. Se define la sentencia o si las partes acuerdan medidas alternativas. Si la causa es compleja, se envía al juicio por jurados.

Juicio por jurados

El inicio del juicio está previsto que se de dos semanas después de la audiencia multipropósito y el mismo, con su deliberación, no deberá extenderse más allá de otras dos semanas. Habrá 12 jurados que definirán si el sospechoso es culpable. La comisión aún está evaluando la instancia, por lo que hasta el momento no está definido si habrá un tribunal o un juez que dicte la pena.