Ante la posibilidad de adelantar las elecciones locales al primer semestre del año que viene, la gestión uñaquista envió el jueves el proyecto de ley de financiamiento para las campañas. La iniciativa, en base a la norma nacional, contempla que cada agrupación política tendrá un límite de gastos, lo que intenta frenar de cuajo la histórica sospecha de que el Gobierno de turno utilice fondos a mansalva. Los recursos provendrán del Estado en base a los votos que cada fuerza obtuvo en la elección anterior y también se permitirá el aporte de personas, aunque los que realicen estas últimas no podrán superar a los que salen desde lo público. En este punto, el objetivo es evitar que aquellos partidos que tienen más afiliados se terminen beneficiando con más recursos. Y si bien los particulares están habilitados a poner plata, las sociedades anónimas no podrán hacerlo. La idea: evitar el lobby empresario.

El proyecto apunta a un mecanismo de transparencia desde el origen, uso y destino de los fondos para la campaña. Además, todo el dinero utilizado deberá ser rendido y los informes de los gastos serán públicos, lo que representa una apuesta al control de los mismos, explicó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. No obstante, el oficialismo abrió el juego para mejorar o corregir la iniciativa en conjunto con el resto de las fuerzas.

La Cámara de Diputados, a instancias del Ejecutivo, modificó el Código Electoral para que el Gobernador, si así lo define, convoque a los comicios provinciales (PASO y generales) en la primera mitad de 2019, bien despegados de los nacionales, que serán en agosto y octubre. Si los sanjuaninos van finalmente a las urnas para elegir primero los cargos locales, el uñaquismo también previó una ley de financiamiento para las campañas. El proyecto establece que el Gobierno fijará un monto total a distribuir entre todas las agrupaciones políticas en concepto de aporte extraordinario. El reparto se hará respetando "las equivalencias de la representación electoral" de cada fuerza en base a los votos que obtuvo en la elección anterior. La cifra que corresponderá por cada voto se definirá en la reglamentación. Si hay un partido o frente que no participó en la contienda precedente, los recursos que recibirán serán equiparables a la fuerza que menos sufragios consiguió.

Teniendo en cuenta lo que reciban del Estado, las agrupaciones podrán contar con fondos de privados, pero sólo de particulares y no de empresas. Pero el aporte privado no podrá superar lo que destinó el Ejecutivo. La iniciativa determina que las alianzas y partidos no podrán superar un límite de gastos de campaña, el cual estará marcado por los ingresos públicos y privados que perciban, pero que igual se estipulará en la reglamentación.

La otra inyección oficial tiene que ver con el dinero para que los partidos impriman una boleta y media por cada elector registrado, es decir, un padrón y medio. En números, y según los datos de la legislativa 2017, representan 831.826 boletas. La movida es para que las fuerzas puedan colocar sus listas en toda la provincia y quede un remanente para repartir.

En cuanto al control, 10 días antes de las PASO y la general, el Gobierno debe informar al Tribunal Electoral provincial el monto de los aportes que destinará, discriminado por rubro y partido. Una tarea igual deben hacer los responsables de las agrupaciones, con los detalles de los aportes públicos y privados recibidos, su origen y monto, e indicar los egresos previstos. Luego de la elección, deben presentarse las cuentas nuevamente al Tribunal, a las que podrá acceder cualquier ciudadano.

Detalles del proyecto de ley

Es el que comprende a la publicidad, las encuestas, alquiler de bienes e inmuebles, la financiación de equipos y servicios, contratación de terceros y gastos de desplazamiento de candidatos.

Los espacios y horarios de publicidad en los medios serán distribuidos por el Ejecutivo. Los partidos no podrán contratar espacios y los medios no pueden difundir propaganda no autorizada.

Tras la elección, los estados contables y demás informes sobre fondos podrán ser consultados en la sede del Tribunal Electoral Provincial por cualquier ciudadano.

Se creará un registro de empresas de encuestas. Ningún medio puede publicar un sondeo ocho días antes de la elección. En el plazo permitido, los medios deben citar la fuente de información.

Perderán los fondos para una elección aquellos que depositaran las sumas en una cuenta distinta, recibieran aportes en violación a la norma y que realicen gastos no permitidos.

Responsabilidad
 

El proyecto indica que las fuerzas deben designar dos responsables económicos financieros. Tienen un papel clave, ya que "serán solidariamente responsables por la deficiente rendición final de gastos y podrán ser inhabilitados por uno a diez años, para el desempeño de cargos partidarios, públicos y en el Estado nacional".