En una medida que no registra antecedentes en ámbitos tribunalicios nacionales, según dijeron dos fuentes calificadas de la Justicia, la Cámara de Apelaciones de Mendoza dispuso dejar en libertad a 8 acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en la provincia, como torturas y tormentos agravados seguidos de muerte, con lo cual en San Juan no quedan detenidos por estas causas. El único que seguirá preso por ahora en Campo de Mayo, en Buenos Aires, será Jorge Antonio Olivera, considerado el cabecilla de represión en San Juan. Es porque su defensa omitió el pedido excarcelatorio en una causa, pero se descarta que lo hará en los próximos días y siguiendo el criterio adoptado con los otros detenidos, también recuperará la libertad.

Todos ellos fueron procesados por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que les negó la excarcelación, pero la Cámara, que tiene jurisdicción sobre San Juan, dispuso lo contrario. Se trata de los camaristas Julio Petra, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi.

La decisión, que fue tomada el jueves y trascendió ayer, se enmarca en medio de la polémica que vive la Justicia Federal regional tras las denuncias contra magistrados de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, que están imputados por el delito de omisión en la investigación de hechos cometidos durante la dictadura militar entre los años 1975 y 1983.

En ámbitos tribunalicios se interpreta que la decisión de liberar a todos los detenidos es una reacción de los camaristas, que están sospechados de favorecer con sus decisiones a los represores, ante los cuestionamientos que hay en su contra. Incluso con pedidos de jury en el Consejo de la Magistratura.

Por eso, la jueza de Ejecución de Sentencias de la provincia, Margarita Camus, nieta del ex gobernador Eloy Camus y quien padeció tormentos y vejámenes durante su detención en la época militar, calificó la decisión de los camaristas mendocinos como "un tema de una gravedad institucional inusitada" (ver aparte).

Desde Mendoza, los abogados Luis Salinas y Analía Beigel, que son patrocinantes de varias de las denuncias contra los "hombres del proceso en Cuyo", anticiparon que a raíz de las excarcelaciones se aprestan a elevar una denuncia al Consejo de la Magistratura "porque no se ciñen a un proceso regular".

Los detenidos que fueron liberados ayer bajo caución juratoria, es decir promesa de comparecer ante la Justicia cuando sean citados, son Eduardo Vic, Osvaldo Martel, Gustavo De Marchi, Eduardo Cardozo, Daniel Gómez, Jorge Páez, Carlos Malatto y Juan Francisco del Torchio.

La mayoría son por haber sometido a tormentos a figuras políticas y gremiales como el gobernador José Luis Gioja, el senador César Gioja, el gremialista Enrique Faraldo y el cortista José Soria Vega, entre otros.

No se descarta que estos procesados puedan ser citados y quedar detenidos en otras causas que se investigan en San Juan. Pero la duda es si se presentarán o se fugarán ante el llamado, dijeron fuentes judiciales.