Tras un largo proceso judicial que demandó casi cinco años, la municipalidad de Rivadavia recibió un revés económico. La comuna fue condenada a pagarle 1,3 millones de pesos, más intereses, a un proveedor que realizó tareas de poda y levantó ramas tras un viento zonda en 2015, durante la gestión de Ana María López. Con la actualización, la suma ascendería hoy a los 2,5 millones de pesos. Todo se desencadenó porque la exintendente no terminó de cancelarle las tareas acordadas al contratista, pese a que se las había reconocido e, incluso, le había abonado parte de los trabajos. Tras el fallo, el jefe comunal Fabián Martín dijo que apelará, por lo que la resolución aún no está firme dado que será revisado por un tribunal superior.

La sentencia a favor del proveedor fue dictada por la titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. El fallo trascendió la semana pasada, luego de que el Poder Judicial habilitara a los magistrados a comunicar las resoluciones, aunque sin que corran los plazos en la feria extraordinaria. Según indicaron fuentes calificadas, quien inició el reclamo judicial por la deuda comunal fue José Aníbal Matus Samper, quien realizó en agosto de 2015 tareas de tala, extracción de árboles y ramas caídas a raíz del fuerte viento zonda que azotó la provincia. Además, había sido contratado para llevar a cabo el traslado de todos esos elementos para el municipio. Por los trabajos realizados, inició el trámite para el cobro por un total de 1.692.800 pesos. De hecho, la gestión de la exintendente reconoció el gasto, ya que, a través de un decreto, hizo un pago parcial de 300 mil pesos. Y si bien la obligación había comenzado a cancelarse, la gestión de Ana María no completó los pagos, por lo que Matus Samper inició el reclamo por el faltante: 1.392.800 pesos.

Ya en sede judicial, el proveedor presentó toda la documentación y llamó la atención que la municipalidad no presentara ningún escrito contradiciendo a Matus Samper. Incluso, según se pudo conocer, no contestó la demanda y tampoco aportó prueba, por lo que, desde el punto de vista legal, se dio por existente el reclamo y el pago de la deuda, explicaron las fuentes. Es más, la magistrada indicó en su fallo que "es inaceptable lo que en su alegato plantea el municipio, que, pese a no haber contestado la demanda, expone que el actor no ha acreditado la realización de los trabajos, cuya contratación le ha sido reconocida mediante el decreto municipal" que había sacado la anterior administración.

En su defensa, la municipalidad presentó un escrito en el que indicó que había radicado una denuncia para que la Justicia investigue si Matus Samper y otras personas cometieron los delitos de fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos, ya que, según la factura presentada en la comuna, "habrían talado 412 árboles, extraído 280 raíces e innumerables tacones, levantado y transportado ramas y limpiado acequias y raíces", lo que, según el área legal, "es imposible que se haya producido materialmente todo el trabajo denunciado". Si bien la denuncia se efectuó en 2017 en el Primer Juzgado de Instrucción, no ha trascendido que haya tenido avance alguno.

Por otro lado, Tettamanti sostuvo en su resolución que el proveedor "no está reclamando que se le reconozca la labor realizada, sino que pretende el pago del crédito que tiene a su favor", deuda que fue reconocida por la exintendente López. Si bien las partes transitaron por la etapa de mediación previa obligatoria, la audiencia culminó sin resultado positivo para las partes. Así fue que la magistrada condenó al municipio a pagar lo adeudado, más intereses, lo que a la fecha representaría cerca de 2,5 millones de pesos.

Comprobantes
 

En la demanda, el proveedor afirmó que recibió pagos parciales por parte de la gestión de Ana María López por un monto de 300 mil pesos por las tareas realizadas. Lo hizo presentando las constancias de dicha liquidación con dos comprobantes, uno por 100 mil y otros por 200 mil pesos.