El mes que viene se cumplirá un año del escándalo que involucra a dos contadores ligados al Ministerio de Gobierno en un presunto pedido de coima y la Justicia penal ni siquiera ha terminado de indagarlos. El trámite de la causa ya estuvo demorado el año pasado y, según fuentes de Tribunales, ahora no hay avances porque están esperando dos pericias que son clave para resolver el caso. De seguir las cosas igual en los próximos días, en la defensa de los imputados evalúan pedir que se dicte la falta de mérito para los profesionales.
En el caso bajo investigación están acusados los contadores Carlos Alejandro Correa y Mariela Fernández Achem. El primero es delegado fiscal, es decir que está encargado de controlar los procedimientos de gastos, y quien supuestamente le pidió una coima de 20 mil pesos a un empresario a cambio de no eliminarlo de un concurso de precios por 86 mil pesos para desinfectar al Penal de Chimbas. La segunda trabaja en la cartera política y en su estudio jurídico llamativamente le llevaba la contabilidad al proveedor que resultó damnificado. La sospecha de la Justicia es que hubo complicidad entre ambos para ejecutar la maniobra y obtener una ventaja económica.
Los contadores cayeron el 14 de junio del año pasado (ver Cronología) y hasta la fecha no han terminado de indagarlos. En el caso de Correa, el trámite se inició en el mismo mes de junio y después se suspendió. E, incluso, en marzo de este año se lo iba continuar interrogando, pero el trámite se volvió a paralizar en 2 oportunidades. Y, después, el juez Pablo Flores, el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, el magistrado que entiende en la causa, estuvo de turno hasta fines de abril. En el caso de la mujer, se abstuvo de declarar y hasta el momento no la han vuelto a llamar.
Una prueba vital del caso, que había ordenado el magistrado, son las escuchas telefónicas que les hicieron a los 2 sospechosos hablando entre sí y con el damnificado. Sobre el particular, primero hubo una demora con la desgrabación, que después fue solucionada. Pero ahora lo que estaría faltando, según las fuentes consultadas, son un informe de la Sección Scopometría de la Policía Federal Argentina (PFA), que certifique tanto las voces de los acusados como del proveedor. Es que, cuando Correa comenzó a ser indagado, habría puesto en duda la autenticidad de los interlocutores.
La otra prueba que falta es una pericia caligráfica del expediente administrativo para la desinfección de la cárcel de Chimbas, para verificar si está o no la firma de Correa.
Recién con estas pruebas en su poder, el juez Flores estaría en condiciones de avanzar en la indagatoria de los acusados. Terminar esta etapa de la investigación es de suma importancia porque recién entonces el magistrado estará en condiciones de resolver si los procesa, les dicta la falta de mérito, aunque los puede seguir teniendo bajo la lupa, o los desliga definitivamente.
De todos modos, en los pasillos de Tribunales comentan que ya se ha excedido la razonabilidad de los plazos transcurridos. Es un tema que complica a los acusados, porque quieren que su situación quede resuelta de una buena vez.
La historia comenzó cuando el proveedor, cuyo nombre no trascendió, se presentó en un concurso de precios del Ministerio de Gobierno. Como aparentemente tenía problemas impositivos que le impedían ser contratado por el Estado, las fuentes aseguraron que Correa le habría pedido dinero para no ponerle obstáculos y dejarlo que preste el servicio. Después, el empresario se presentó en la Subsecretaría de Investigación y Control de Gestión, que depende del Ministerio de Gobierno, y contó lo que le estaba pasando. En esa área, le pidieron a la víctima que hiciera la denuncia. Luego, el juez Flores inició la investigación y ordenó las escuchas telefónicas.
El delito en juego es el de exacciones ilegales, conocido como coima, que contempla penas que van de uno a cuatro años de prisión. Si son condenados no irían a la cárcel en forma efectiva, ya que el castigo previsto en la legislación vigente es excarcelable.