Con la aprobación de la ley que contempla la designación de 4.663 empleados contratados en planta permanente del Estado provincial, fuentes del Gobierno aseguraron que la intención es que a fines de julio de 2012 ya esté incorporado el 95 por ciento.

El traspaso, según las estimaciones, empezará a fines de marzo próximo y abarcará a 1.659 trabajadores temporales que se encuentran en el área de Educación (1.464 porteros y 195 administrativos), a 1.030 que están en Salud Pública, a 480 en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (de los cuales, 100 son viales), a 447 en la cartera Desarrollo Humano, a 372 en Producción y Desarrollo, a 239 de Hacienda y Finanzas, a 150 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a 144 en la Secretaría General de la Gobernación, a 57 en Minería, a 47 en Gobierno, a 27 en Turismo y Cultura y a 21 en la Fiscalía de Estado.

El proyecto oficial dispone una medida histórica dentro del Estado, ya que por primera vez se le da respuesta al pedido de los gremios de recomponer la situación de los que llevan años de contratados. La iniciativa fue aprobada ayer por unanimidad en Diputados y tras su reglamentación, se desencadenará la tramitación legal para avanzar con los traspasos. Los beneficiarios deberán reunir la documentación personal, hacerse un examen de salud y realizar un curso de capacitación, explicó Horacio Cao, secretario de la Gestión Pública.

El funcionario no precisó fechas sobre el inicio de los traspasos debido a que ‘dependerá del trabajo de cada área‘, pero dijo que si tiene que hacer una ‘previsión sin dar ninguna seguridad‘, a fines de febrero arrancará la capacitación. Otras fuentes que trabajaron en el plan, señalaron que en los últimos días de marzo empezarán con las incorporaciones, que se prolongarán hasta julio de 2012, hasta alcanzar un porcentaje cercano al 95 por ciento, según el cálculo más optimista. El resto tardará uno meses más, especulan, a raíz de problemas en la tramitación, situaciones jurídicas y los grados de complejidad que se puedan dar en algunos casos.

El curso de capacitación es excluyente (debe ser aprobado) y será dictado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que contará con la participación de los institutos de capacitación de los sindicatos que tienen sus afiliados en el ámbito del sector público. El curso tendrá unas 10 horas cátedras, se extenderá por una semana y contará con un examen, destacó Cao, aunque advirtió que los parámetros finales los establecerá la UNSJ. Las características de cada una de las capacitaciones dependerá ‘de los agrupamientos. Los administrativos van a ser un grupo, los profesionales y el personal de servicios generales y de mantenimiento estarán en otros grupos distintos. Los que van a recibir una capacitación específica son las áreas de Salud y los viales‘, resaltó el funcionario.

Las otras condiciones tienen que ver con que los empleados deben estar contratados desde antes del 31 de diciembre de 2010, no pueden contar con antecedentes penales, deben estar al día con los impuestos y necesitan tener la educación formal acorde con el cargo que van a ocupar.

El plan demandará una inversión del Estado de unos 12 millones de pesos mensuales.

Además, la nueva ley le da a los directores de área y a los ministros una bolsa de créditos para otorgarle puntos a los agentes, en base a sus méritos durante su desempeño laboral, para promover recategorizaciones.