El curso de capacitación, previsto para fines de febrero, que deben realizar los 4.663 contratados para pasar a planta permanente no consiste solamente en un acto de presencia, sino que deben pasarlo. ‘El que no aprueba, no entra al Estado‘, remarcó Horacio Cao, secretario de la Gestión Pública. El titular del área que trabajó, junto al Ministerio de Hacienda, para materializar una medida histórica de incorporación de empleados señaló que se trata ‘de imponer un sistema de carrera‘ para que los trabajadores cuenten con conocimientos esenciales para desempeñarse en la esfera pública.

Los contratados estudiarán tres ejes centrales: el rol y la importancia del Estado para la gente; los conocimientos básicos de los aspectos administrativos, contables y jurídicos; y las tareas específicas de la función que cumplirán. El curso tendrá un examen final y habrá un recuperatorio. En el caso de un resultado negativo, el empleado seguirá bajo el régimen de contrato.

CAPACITACIÓN
El curso es uno de los requisitos (ver aparte) de la ley del Programa de Modernización de Empleo, que contempla el traspaso de los contratados a la planta permanente del Estado. El plan fue impulsado por el oficialismo y fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. La medida era un reclamo de los distintos sectores gremiales que pedían una solución a la situación irregular de los contratados.

Cao resaltó que los trabajadores contarán con todas las herramientas y posibilidades para encarar el estudio y que los representantes de los sindicatos participarán de todo el proceso para garantizar el procedimiento.

El dictado de la capacitación comenzaría a fines de febrero próximo, según estimó el secretario, luego de que finalice la etapa administrativa de presentación de la documentación de cada uno de los empleados.

Las clases se llevarán a cabo en las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en algunos sindicatos como ATSA, SOEME, UPCN y ATE, que tienen sus institutos de capacitación para sus afiliados. Asimismo, los docentes que impartirán los contenidos serán de la casa de altos estudios y de los mismos gremios. Según explicó el funcionario, el contenido pedagógico se centrará, primero, en cuáles son los objetivos del Estado democrático y el papel esencial que cumple el empleado frente a las necesidades de la población. En segundo lugar, los saberes apuntarán al conocimiento del organismo estatal y el funcionamiento básico del engranaje contable, jurídico y administrativo. El último punto se referirá a la tarea concreta que lleva a cabo cada trabajador en las distintas áreas. Si bien esos son los tres grandes lineamientos, Cao explicó que el desarrollo de la propuesta pedagógica estará a cargo de la UNSJ.

UNIVERSO DE CONTRATOS
Dentro de la Administración Pública hay 1.659 trabajadores temporales que se encuentran en el área de Educación (1.464 porteros y 195 administrativos), 1.030 que están en Salud Pública, 480 en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (de los cuales, 100 son viales), 447 en la cartera Desarrollo Humano, 372 en Producción y Desarrollo, 239 en Hacienda y Finanzas, 150 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 144 en la Secretaría General de la Gobernación, 57 en Minería, 47 en Gobierno, 27 en Turismo y Cultura y 21 en la Fiscalía de Estado. Ese universo de empleados se dividirá en grupos en los que estará la gente de mantenimiento, servicios generales, salud, los administrativos, profesionales, viales y porteros. ‘Cada uno recibirá un tipo específico de capacitación‘, destacó Cao.

En principio, el funcionario detalló que el curso se extenderá por seis días. Las clases serán de lunes a viernes, durante dos o tres horas, y el sábado es el día elegido para el examen final. Luego de que los distintos grupos obtengan sus resultados, a fines de marzo 2012 estarían ingresando los primeros contratados al Estado. En junio de ese año, esperan alcanzar una cifra cercana al 95 por ciento del personal. El resto se demoraría algunos meses debido a problemas en la tramitación de la documentación y a situaciones personales específicas, como la existencia de antecedentes penales, resaltaron las fuentes.