Si se aprueba hoy un proyecto de ley, los abusadores y violadores condenados por la Justicia quedarán asentados en un registro genético provincial. Según dijo la autora del proyecto, la basualdista Lucía Sánchez, este registro persigue contribuir al esclarecimiento de muchos hechos y disuadir a los reincidentes porque sabrán que los identificarán automáticamente. La iniciativa tiene en la Cámara de Diputados despacho de la comisión de Justicia y apoyo oficialista, por ende, cuenta con grandes chances de ser aprobada en la sesión de hoy.

El proyecto dice que el registro lo aplicará el Poder Judicial como medida accesoria, cuando una condena por cualquier delito contra la integridad sexual quede firme. Los delitos en cuestión, entre otros, son abuso sexual, violación (acceso carnal por cualquier vía) y estupro (actos sexuales con menores de 16 años). Según explicó la diputada, también se prevé la creación de un registro de autores desconocidos, para que también se vaya avanzando con las investigaciones.

En la práctica, si se produce una violación, por ejemplo, la norma fija que todo resto del delincuente que quede en la víctima, como semen o pelos, se tome como prueba. También como medida accesoria el juez deberá remitirla a un centro de ADN para que hagan un patrón genético y quede asentado con nombre y apellido una vez que salga la condena. Este examen se hace en el Hospital Rawson, pero el proyecto prevé que también se pueda acudir a otros laboratorios. Habrá un costo extra en el sistema, dijo la legisladora, que se inspiró en registros similares en Neuquén, Buenos Aires y Mendoza "que funcionan muy bien".

La visión de la legisladora es, pese a no contar con datos oficiales, que este tipo de delitos contra la integridad sexual -como un caso denunciado ayer (ver página 14)- vienen creciendo en la provincia. Consultado por este diario el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, dijo que "no ha habido un aumento significativo de estos delitos", basado en los casos judicializados. Según el ministro, de diciembre de 2003 a esta parte, la cifra de presos por delitos contra la integridad sexual en el Penal de Chimbas se mantiene aproximadamente entre 90 y 100.

Actualmente, según la información oficial, hay 102 reos por este tipo de delitos. 71 de ellos están condenados y 31 procesados. Es decir, que la mayoría ya fue juzgada.

El delito se da más entre los jóvenes. De los 71 penados, 29 casos son hombres de 18 a 35 años de edad, 36 de 36 a 55, 5 de 56 a 65 y 1 de 66. De los procesados, 13 tienen entre 18 y 35 años, 15 tienen de 36 a 55, 2 tienen de 56 a 65 años y 1 tiene 66 años.

Las condenas son muy variadas van -desde los delitos menores y agravados por el vínculo a con secuelas o sin secuelas en las víctimas- de los 6 meses a los 20 años de prisión. Todos ellos están en un pabellón especial, nuevo, que se refaccionó con la mano de obra de los mismos internos, al Oeste de la Unidad 4. Como criterio político, el gobierno no les da conmuta de penas desde diciembre de 2003.