Debido al creciente aumento de la cantidad de internos, que en la actualidad rondan los 1.300, y a la necesidad de ir incorporando a los egresados que salen de la capacitación que se dicta en la Universidad Católica de Cuyo, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear 350 puestos nuevos en el Servicio Penitenciario Provincial. Pero los cargos no se van a cubrir en forma inmediata, sino que será un proceso paulatino que se extenderá en los próximos 5 años, según dijo el director de la cárcel chimbera, Oscar Ghilardi.

La propuesta, que representa un crecimiento del 58 por ciento respecto de los 600 agentes que trabajan en la actualidad, es para modificar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Provincial, la Nro. 257-R (ex 5154).

“Con este proyecto lo que se busca es profesionalizar al personal”, dijo el funcionario, y adelantó que la primera camada de nuevos penitenciarios que se incorporarán, que egresarán a fin de año de la Diplomatura que se dicta en la Católica, serán 150. La iniciativa quedó en estudio de las comisiones legislativas para su análisis y posterior tratamiento.

La intención de la propuesta es también ir preparando al personal que demandará la nueva cárcel que el Gobierno provincial quiere construir (ver aparte), que demandará mayor cantidad de agentes.

El otro punto del proyecto de ley que se encuentra en estudio por parte de los legisladores y que difícilmente salga en la actual gestión, porque el período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre, es que va a permitir la incorporación de personal civil a la planta de la cárcel. En la actualidad, según explicó Ghilardi, un médico, un contador, abogado, psicólogo o los asistentes sociales que se desempeñan en el servicio, revistan como agentes penitenciarios, es decir que tienen que hacer un curso, aprender a tirar y hasta tienen que portar un arma. Pero hay muchos profesionales que quieren trabajar en la cárcel y no lo quieren hacer con el actual régimen. Con la modificación de la ley orgánica del servicio se van a poder sumar sin tener que cumplir los requisitos de un guardiacárcel.

“Tenemos una fábrica de mosaicos, pero no tenemos quién se haga cargo porque nadie quiere portar un arma o ser agente del servicio”, ejemplificó Ghilardi.

El tema de la modificación del servicio se viene trabajando desde hace tiempo, según reconoció el funcionario, con la participación en la iniciativa del ministro de Gobierno, Adrián Cuevas.

De los 600 agentes que se desempeñan en el servicio, unos 40 son profesionales de otras áreas, como médicos, abogados y contadores, que han debido capacitarse en la carrera penitenciaria para poder trabajar en la unidad chimbera.

La tercera modificación que propone la iniciativa legislativa es dividir el servicio en 4 unidades, cada una con su requisa, cuerpo médico y equipo de psicólogos, por ejemplo. “La idea es hacer más eficiente el servicio, al estilo como se trabaja en otras provincias del país”, dijo el director. Y aclaró que la administración de toda la cárcel seguirá siendo una sola porque no hará falta hacer divisiones, como ocurre con las otras áreas.