La presidenta Cristina Fernández envió ayer el proyecto de ley de Servicios de Medios Audiovisuales al Congreso, en un acto donde consideró que su tratamiento parlamentario "pondrá a prueba a la democracia", pero la propuesta fue recibida con críticas de la mayor parte de la oposición. Hubo enojos por la reserva del Gobierno en dar a conocer el proyecto que recién a última hora de anoche llegó a manos de la prensa porteña.
Ante un nutrido auditorio integrado por ministros, gobernadores, sindicalistas, periodistas y dirigentes de entidades defensoras de los derechos humanos, y con una manifestación de apoyo en la plaza de Mayo, la Presidenta puso su firma en proyecto justo en el día de la Radiodifusión. Se trata de una iniciativa que reemplazará a la actual ley de Radiodifusión elaborada durante la última dictadura militar. Y según estimaciones del diputado kirchnerista, Carlos Kunkel, la norma será sancionada en 30 días.
La nueva ley de comunicación audiovisual, que entró al Congreso ayer pasadas las 19, tiene como objetivos principales poner fin a los monopolios y oligopolios en el espectro radioeléctrico y garantizar la participación del Estado, gremios, entidades de bien público en el reparto de licencias.
En ese sentido, la Presidenta destacó que el espectro de frecuencias se distribuirá por tercios entre el sector comercial, el Estado, y las cooperativas y organizaciones no gubernamentales como iglesias, sindicatos y asociaciones de profesionales.
"Este proyecto no es de un gobierno o un partido, es de la sociedad y de los 118 periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura", enfatizó.
Además, la mandataria señaló que para llegar a esta decisión hubo consultas en 23 foros y 80 conferencias, con participación de todos los sectores y en todas las provincias, y recalcó que con la antigua ley de la dictadura, "el espacio comercial ocupaba la mayor parte de los segmentos de la información y medios audiovisuales".
En medio de una fuerte pulseada con grupos de medios periodísticos, la Presidenta sostuvo que "el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información, o a la distorsión o manipulación de la otra parte".
La primera mandataria se preguntó por qué razón, desde que concluyó la dictadura militar, "ningún Poder Ejecutivo" democrático sancionó una ley que la
sustituya y lo atribuyó a "presiones" ejercidas sobre las instituciones.
La iniciativa, de 157 artículos, comprende también, entre otros aspectos la creación en el ámbito del Poder Ejecutivo, la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
También establece "el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación".
En relación a la cantidad de medios que puede poseer un operador, en el artículo 38 se establece lo siguiente: Una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o de cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción; y ningún operador podrá poseer más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.