La adquisición del terreno para la construcción de la sede de la Segunda Circunscripción Judicial en Jáchal levantó polvareda dentro del Concejo Deliberante. El cuerpo legislativo aprobó el proyecto de expropiación que había enviado el Ejecutivo por simple mayoría y desde la oposición señalaron que para que la norma sea sancionada es necesario las dos terceras partes de todos los miembros. Además, indicaron que la ordenanza contiene errores "legales y administrativos" y por eso solicitaron la nulidad, lo que se tratará la próxima semana en comisión. Desde el oficialismo se mostraron molestos por los planteos y cuestionaron a los opositores al manifestar que la movida tiene como objetivo "entorpecer las incitativas del municipio" y que buscan "llamar la atención en momentos de campaña". 

No es la primera vez que lo integrantes del Concejo de Jáchal tienen cruces picantes. El punto más álgido de la relación se dio en 2016 cuando el edil opositor Jorge Morales promovió una consulta popular en el departamento para habilitar o no la megaminería dentro de la cuenca del río Jáchal. Esa votación cerró con tres votos afirmativos y tres abstenciones, del oficialismo, cuando la aprobación del proyecto necesitaba de cuatro votos positivos como mínimo. En el caso de la expropiación del terreno para la sede judicial, Morales indicó que, al igual que el proyecto minero, también son necesarias las dos terceras partes de todos los miembros del Concejo, es decir, cuatro de los seis votos. En la sesión en la que se trató la normativa, dijo que no participó y la votación culminó con tres apoyos y dos votos negativos. Además, sostuvo que el proyecto sólo hacía mención a la declaración de utilidad pública del inmueble y no a la expropiación, por lo que este último requisito es clave para avanzar con la iniciativa. Morales resaltó que los concejales oficialistas "desconocen los procedimientos o los mandan a hacer lo que tienen que hacer y agachan la cabeza". Por eso dijo que presentó un proyecto para declarar la nulidad de todos esos actos. 

Por su parte, el bloquista opositor José Codorniú cuestionó que "el expediente del Ejecutivo no ingresó con toda la información y ante la duda, no lo voté". 

El que salió al cruce fue Javier Llanos, presidente del cuerpo deliberativo, quien criticó a sus pares de la oposición al manifestar que "quieren entorpecer el camino y no acompañar las buenas iniciativas que le hacen bien al departamento". Además, dijo que "todo es una cuestión política, algo tienen que hacer para llamar la atención" y defendió la ordenanza al indicar que "toda la vida estas normativas se han hecho de esta manera: se declara de utilidad pública y queda sujeto a expropiación, por lo que no hay ningún tipo de problemas. Morales tiende a hacer una mezcla de leyes y lo que hace es una mala interpretación y desinforma al pueblo". De hecho, fuentes judiciales señalaron que una declaración de utilidad pública tiene como único fin una expropiación, por lo que técnicamente no hacen falta dos procesos distintos. Además, Llanos manifestó que no son necesarias las dos terceras partes del Concejo sino la mayoría de los presentes.

Promesa
 

En octubre pasado, la Corte de Justicia prometió la construcción de la sede judicial con una inversión de 140 millones de pesos en tres años. A cambio, el Ejecutivo municipal debía ceder un terreno ubicado a una cuadra de la plaza para la construcción.