El derrame de solución cianurada de la mina Veladero ha generado que 2 jueces estén investigando el mismo caso, por lo que será la Suprema Corte la que deberá definir cuál sigue adelante. Uno de ellos es el magistrado de Jáchal, Pablo Oritja, y el otro es Sebastián Casanello, del fuero federal. Este último dispuso el viernes que se realice una batería de medidas y el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, salió a cuestionar que siga impulsando una de las causas. El funcionario explicó que no es competente, ya que los hechos se produjeron en tierras sanjuaninas y no se han visto afectadas otras provincias, por lo que debe intervenir la Justicia local. Por eso, destacó que analizará solicitarle al máximo tribunal que resuelva la competencia lo antes posible.
El fiscal de Estado además resaltó que si la causa fuera federal, debería intervenir el juez con asiento en San Juan. Y por otro lado, en un escenario de conflicto de competencia, el que tiene prioridad es el que actuó primero, que en este caso fue Oritja. Por eso criticó los últimos movimientos de Casanello al asegurar que está “sobreactuando” y que lo que está haciendo “es un atentado y un choque a la autonomía provincial”. Fuentes del PJ local sospechan que el avance de la investigación federal obedece a la interna partidaria a nivel nacional. Casanello es señalado por su afinidad con La Cámpora, la agrupación que le responde a la expresidenta Cristina Fernández. En los últimos días salió a la luz la oposición del kirchnerismo a que el exgobernador José Luis Gioja llegue a la presidencia del peronismo. Es decir, por estos lugares ven el avance del juez como una piedra en el camino del exmandatario.
En lo estrictamente judicial, Casanello dispuso que la Universidad de Buenos Aires realice un estudio sobre la población de Jáchal e Iglesia para determinar si existió algún tipo de repercusión en su salud debido al derrame ocurrido el 13 de septiembre. Para ello, ordenó que se tomen muestras de sangre y orina de las supuestas víctimas. También pidió que la Universidad Nacional de Cuyo realice un estudio de las aguas subterráneas y un análisis del suelo, vegetales y animales para corroborar si hay rastros de cianuro o metales pesados. Además, exhortó a “las autoridades nacionales y provinciales para que provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados a toda la población que pudo haberse visto afectada por el derrame”.
Tras el incidente, De Sanctis fue el que denunció el hecho en la Justicia local (Ver recuadro), por lo que con ese antecedente analiza pedirle a la Suprema Corte que resuelva el conflicto de competencia. En cuanto a las pericias de Casanello, resaltó que “no hay inconveniente en repetirlas porque no hay nada que ocultar, pero que las ordene el juez competente”. Con respecto a la provisión de agua y alimentos, señaló que el escrito no identifica qué poblaciones han sido afectadas. “Es contradictorio, ya que ordena pericias y debería esperar sus resultados para ver quiénes supuestamente se han visto afectados”, remarcó el fiscal de Estado, quien agregó que una gran cantidad de estudios arrojaron que no hay contaminación. Si bien De Sanctis remarcó que un exhorto no conlleva una obligación para la provincia, el titular de OSSE, Sergio Ruiz, afirmó que ya tienen listo un proyecto para llevar agua potable fuera de la villa cabecera de Jáchal, donde históricamente se han encontrado altos niveles de arsénico y boro en el río.