San Juan, 15 de junio.- Luego de que la Justicia detuviera a un delegado fiscal y a una contadora del ministerio de Gobierno, acusados de cobrar coimas para facilitar la adjudicación de concurso de precios, el ministro Adrián Cuevas afirmó en el programa “Es lo que hay” de radio Light que aplicarán mano dura con aquellos funcionarios que se compruebe que están vinculados a algún delito.
"Entre todos tenemos que desplazar a los que quieren cobrar por izquierda. No podemos actuar solos y por eso, se crearon los organismos de controles y se están implementando diferentes tipo de acciones para evitar estos hechos", expresó Cuevas.
El ministro destacó la importancia de que Carlos Alejandro Correa, quien era delegado fiscal y se encargaba de autorizar los gastos del funcionario público, fuese detenido ya que “los controles sobre los delegados fiscales deben ser muy rigurosos”. “Los funcionarios debemos hacer algo cuando nos enteramos de estos casos. El que no hace nada es cómplice", aseguró.
Cuevas explicó que se viene aplicando “mano dura en este tipo de casos al igual que aquellos que pregonan hechos delictivos como las usurpaciones”. “Todos somos buenos pero somos mejores si nos controlan. Mucha gente dice que tiene que pagar para que el expediente que presentaron se mueva y esto no debe ser así”, alego el funcionario quien señaló que desde su cartera están implementando una serie de medidas clave con municipios y personal del IPV para terminar con este tipo de delitos.
Un verdadero escándalo salió a la luz, ayer, cuando luego de una investigación con escuchas telefónicas y cámaras ocultas, dos contadores que ocupan puestos clave en la administración pública provincial fueran detenidos por un presunto pedido de coima a un proveedor del Estado. Uno de los involucrados se llama Carlos Alejandro Correa, quien se desempeñaba como delegado fiscal y fuera detenido infraganti cuando la víctima le pagaba 10 mil pesos que previamente fueron marcados para probar el delito. Junto a él cayó nada menos que la contadora del Ministerio de Gobierno, Mariela Fernández, quien quedó seriamente comprometida por las grabaciones que se recogieron como evidencia de un supuesto acuerdo entre los dos para aprovechar sus cargos y cometer la maniobra, aseguraron fuentes judiciales.