De los 7 condenados en el megajuicio del año pasado por haber cometido delitos de lesa humanidad en la provincia tras el golpe militar de 1976, sólo 3 permanecen detenidos en el Instituto Penal de Chimbas, que son Osvaldo Martel, Daniel Gómez y Francisco Del Torchio. Alejandro Lazo está con prisión domiciliaria en la provincia y Horacio Nieto fue trasladado pocos días atrás a su departamento en Capital Federal, con el mismo régimen, mientras que Jorge Olivera y Gustavo De Marchi permanecen prófugos desde que se fugaron del Hospital Militar Central el 25 de julio pasado.
En una fecha histórica para el esclarecimiento de los delitos aberrantes cometidos por la dictadura militar, el 4 de julio del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a Olivera, Martel y Nieto a prisión perpetua, mientras que De Marchi, Del Torchio y Gómez recibieron una pena de 25 años de prisión. El que recibió el castigo más leve fue Lazo, con 10 años de prisión, porque sólo estaba acusado por un hecho, el de tormentos cometidos contra la jueza Margarita Camus.
En el país, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 1.069 procesados, 520 personas fueron condenadas y 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de derecho, mientras que sólo 71 personas cuentan con la sentencia firme. Además, en el 2013, hubo 160 condenas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 7 corresponden a San Juan por el megajuicio que se prolongó durante casi 2 años (ver aparte).
Según los números de la Procuraduría, de los 122 procesos judiciales concluidos desde 1983, 107 se han realizado a partir de 2004 y 24 concluyeron en el 2013.
Actualmente se registran 927 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, 114 más de las que había hace un año y casi un 40 por ciento más que en diciembre de 2011, cuando se registraron 593.
“El 62,1% está en unidades penitenciarias, el 36,2% en detención domiciliaria, el 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,6% en hospitales”, señala la Procuraduría, que asimismo destaca que “no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar” y que “en el último año creció el porcentaje de personas detenidas en institutos carcelarios, pasando del 50,5% en 2011 al 58,9% en el 2012, hasta arribar al 62,1% en la actualidad”, según reproduce el sitio www.fiscales.gob.ar.
El organismo comenzó a funcionar en 2007 como Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado hasta que este año la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, adecuó su estructura al nuevo esquema de trabajo del Ministerio Público Fiscal, con el nombre de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Su trabajo consiste en coordinar y asistir el trabajo de los fiscales federales de todo el país en este tipo de causas y diagramar estrategias de intervención de acuerdo a problemáticas locales o generales.
El informe de la Procuraduría indica que desde 2008 la cantidad de condenados aumentó más de un 700 por ciento. De los 70 condenados a fines de aquel año, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, y en diciembre de 2011 llegó a 267.
El organismo destaca que se encuentran en curso doce juicios (diez procesos orales y dos escritos), en los que se está juzgando a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas. Y anticipa que, de acuerdo con el cronograma ya definido por diferentes tribunales del país, en 2014 serán juzgadas al menos otras 105 personas más por los casos de 663 víctimas, “imputadas en las 11 causas que ya tienen fecha de juicio programada”. A esas causas probablemente se sumen nuevos procesos que serán programados en el devenir del año judicial, como en el caso de San Juan (ver aparte).