El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, cuestionó ayer la convocatoria a asamblea que hizo el Colegio de Magistrados para debatir sobre la constitucionalidad de la ley que reformó el mecanismo de remoción de los jueces y le apuntó especialmente al presidente de la entidad, Roberto Pagés, a quien señaló de armar el encuentro por intereses personales. Según el funcionario, el tema constituye una “preocupación” para el camarista por la posibilidad ser sometido a un Jury por su intervención en causas de expropiaciones. Además, aseguró que no es cierto que no existan antecedentes en el país sobre la figura del acusador especial.
De Sanctis habló luego de conocerse que el Colegio de Magistrados llamó a reunión para mañana por la ley que impulsó el Ejecutivo para habilitar al fiscal de Estado a intervenir en los Jury cuando se ve afectado el patrimonio de la provincia. La iniciativa fue aprobada el jueves en Diputados y despertó divisiones entre los jueces sanjuaninos y hasta en la conducción de la entidad que los nuclea.
En Radio Colón, De Sanctis aseguró que “no hay derecho que se lleve al conjunto de jueces y funcionarios del Poder Judicial a esta situación” y descartó que existan motivos para pensar que “el fiscal de Estado va a denunciar cualquier cosa”, hechos que le atribuyó directamente al presidente del Colegio del Colegio de Magistrados: “Creo que es una preocupación personal del doctor Roberto Pagés… es que cuando era juez del cuarto juzgado hubo actuaciones que se radicaron en su juzgado y que forman parte de la megacausa de expropiaciones”.
La afirmación de De Sanctis se debe a que Pagés es uno de los jueces que están bajo la mira oficial por su intervención en causas de expropiaciones donde presuntamente se cometieron graves irregularidades que le causaron un perjuicio millonario a la provincia. Por ese tema hay en marcha una causa Penal (llamada megacausa) y todo podría terminar disparando pedidos de destitución en los que el fiscal de Estado podría actuar como acusador de los magistrados, ya que se vio perjudicado el patrimonio público.
La nueva ley y la convocatoria a asamblea generaron marcadas diferencias en la magistratura local. Pagés no quiere hacer declaraciones hasta el día de reunión, pero se sabe que es uno de los que considera que la intervención del fiscal de Estado es inconstitucional y que no se debe llevar a la práctica. En el otro extremo hay jueces y fiscales, entre ellos Daniel Olivares Yapur y Eduardo Mallea, que rechazan la citación para mañana y que no piensan asistir.
Pagés se limitó a explicar cuál es el objetivo de asamblea. Según le dijo a este diario, “es para analizar la ley que reformó el procedimiento de destitución de los jueces, “porque no hay ningún antecedente como éste en el país”.
De Sanctis negó enérgicamente los dichos de Pagés y afirmó: “Lo preocupante es que lo digan los jueces”. El funcionario, que en la causa por las expropiaciones es querellante en representación del Gobierno provincial, aseguró que en Mendoza existe la misma ley y que en Formosa y Salta, el fiscal de Estado integra el Jurado de Enjuiciamiento.