El proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros recibió ayer dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó habilitado para ser debatido hoy en sesión especial, aunque se espera que lo traten el viernes.

De esta forma, el oficialismo buscará a partir de hoy aprobar en Diputados una serie de leyes económicas, en especial el proyecto de Presupuesto 2012, junto a las prórrogas de la Emergencia Económica y de tres impuestos. Este esquema contempla la posibilidad de votar los doce proyectos esta semana para poder permitir que el Senado los analice antes del final de las sesiones extraordinarias, previsto para el 31 de diciembre.

EL PROYECTO K
La iniciativa, para limitar la tenencia de tierras, recibió el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, del peronismo puntano y de Unión Peronista, la bancada que conduce Felipe Solá. La norma, debatida ayer en un plenario de las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales y de Agricultura, fue uno de los pedidos que la presidenta Cristina Fernández le hizo al Congreso Nacional en su discurso al reasumir la jefatura de Estado, el sábado último.

Si bien el dictamen de mayoría tuvo como base la propuesta que el Ejecutivo remitió meses atrás a la Cámara baja, se incluyeron en el texto modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques y se redujo, por ejemplo, del 20 al 15% el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera. Además, según el texto -que no vulnera derechos adquiridos- de ese 15% no podrá haber más del 30% en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”. Por otra parte se dispone que las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse que se trata de todas aquellas que están fuera del ejido urbano, de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas “o superficie equivalente” según la ubicación territorial, que será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

Además la ley fija excepciones para aquellos extranjeros “unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos” o que “tengan más de 10 años de residencia permanente y probada” y fija estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. También prohibe la venta de “inmuebles ubicados en zonas de seguridad de fronteras”, a excepción de lo dispuesto en la ley de Defensa Nacional (23.554) y crea como autoridad de aplicación al Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y de la cartera de Agricultura.