Los integrantes de la Comisión Investigadora que tienen a su cargo el estudio del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte de Justicia y el fiscal general acusados por las designaciones polémicas en la Justicia se reunirán la próxima semana para evaluar si hace falta pedir más pruebas o si los elementos con los que ya cuentan son suficientes.
El presidente de la comisión, el justicialista Julio Coll, dijo ayer que "estamos analizando el material enviado por los miembros de la Corte y por el fiscal general".
La acusación, que fue presentada por los abogados Alberto Bustos y Eduardo Cáceres, es por haber incumplido sus deberes por haber designado sin concurso a 39 personas en el Poder Judicial. Con el agravante de que la mayoría son parientes de miembros de ese poder del Estado
La Comisión Investigadora de la Sala Acusadora está integrada por los diputados Antonio Salvá, Néstor Aballay, Mario Romero y por el propio Coll, todos oficialistas. La única opositora es la basualdista Lucía Sánchez.
El pasado miércoles 11 de noviembre, cuando se reunió la Sala Acusadora, comenzó a correr el plazo de 40 días hábiles, descontando domingos y feriados, que tienen los integrantes de la Comisión Investigadora para decidir. El plazo se cumple el próximo 30 de diciembre. Para esa fecha, la comisión deberá presentar un dictamen a la Sala Acusadora, que podrá aceptarlo o rechazarlo necesitándose mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros cuando el dictamen fuera favorable a la acusación.