La Sala de la Cámara Penal que actúa durante la feria judicial decidirá hoy si el abogado Santiago Graffigna (señalado como el líder de una asociación ilícita que estafó al Estado en cifras millonarias) continúa preso en la Enfermería del Penal de Chimbas o regresa a la Regional Sur de la Policía, sede en la que estuvo detenido por el escándalo de las expropiaciones. El Tribunal debe decidir entre una de las dos opciones debido a que los defensores del sospechoso presentaron un habeas corpus en el que señalaron que por los problemas de salud que presenta y por informes de médicos particulares y estatales, el traslado al Servicio Penitenciario representa “un agravamiento en las condiciones de detención”.

Graffigna fue derivado al sector que se encontraba habilitado de la Enfermería (conocida como el Micro Hospital), mientras que el resto se encontraba bajo refacciones. Fuentes calificadas manifestaron que ya se realizaron casi todas las reparaciones y arreglos. Además, destacaron que en esa zona hay enfermeros en forma permanente y que la cárcel dispone de una ambulancia para el traslado de manera inmediata a cualquier centro de salud en casos de urgencia. Este último punto inclusive lo había remarcado la jueza de Ejecución Penal, Margarita Camus, quien, de acuerdo a la ley, es la encargada de verificar las condiciones de detención de los internos y velar por sus derechos. Todo eso jugaría a favor de la denegatoria del pedido de habeas corpus debido a que Graffigna podría tener y recibir la atención adecuada, aunque la decisión final estará hoy en manos del Tribunal en feria.

Graffigna es uno de los once procesados por la megacausa de las expropiaciones, en la que se sospecha que una red de abogados, jueces y funcionarios actuaron de manera coordinada para inflar el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para, de esa manera, quedarse con sumas millonarias. Sobre el abogado pesa el cargo más grave, el de liderar la presunta asociación ilícita, delito que no es excarcelable y por el que está preso desde marzo. Sus abogados Rolando Lozano y Fernando Rahmé solicitaron que quedara detenido en su casa debido a que los informes médicos señalaron que padece una serie de dolencias. La jueza María Inés Rosselot, al frente de la megacausa, le negó el beneficio y ordenó su traslado al Penal. Los defensores apelaron la resolución y presentaron el habeas corpus que ahora está en análisis (ver cronología).