Los conflictivos cambios de mando en la conducción de los municipios de Rivadavia, Ullum y San Martín dejaron como saldo a 168 trabajadores en la calle. Los intendentes señalaron que sus predecesores metieron empleados a planta permanente y agrandaron planes laborales al filo de que terminaran sus mandatos y que engordaron la plantilla de personal progresivamente, por lo que aseguran que ahora no pueden mantener económicamente a las nuevas incorporaciones, sumado a las deudas que heredaron.
La cifra de municipales crecerá debido a que en Zonda, el jefe comunal reconoció que tras el 31 de diciembre terminará los contratos de 72 personas y en Calingasta, 9 de Julio y Jáchal no descartan para más adelante seguir el mismo camino con algunos empleados que están bajo ese régimen o son becarios.
De los departamentos en los que ya se concretaron las bajas, dos de ellos atravesaron por transiciones difíciles debido a que el candidato que ganó la elección es de un signo político distinto al que cayó derrotado y buscaba la reelección. En Rivadavia, el basualdista Fabián Martín venció a Ana María López, del Frente para la Victoria (FPV), quienes supieron tener duros cruces en la campaña. Lo mismo sucedió con Leopoldo Soler, quien aventajó a Daniel Albarracín en Ullum, en una disputa entre exsocios que no se podían ni ver. En el tercero, el traspaso se complicó por la feroz interna que tenían los exponentes del mismo espacio. Fue el caso de San Martín, donde Cristian Andino regresó a la cúpula municipal luego de desplazar en la interna del FPV al exintendente Pablo Santibañez, quien fuera su aliado y con quien terminó fuertemente enfrentado.
En Rivadavia, Martín le dio de baja al Plan de Inclusión Social (PIL), que financia la Nación y el municipio, en el que se encontraban 161 personas. El motivo fue que la comuna no está en condiciones de pagar los 780 mil pesos mensuales que implica ese personal, dado que arrastran una deuda de la gestión anterior de casi 23 millones de pesos. No obstante, el jefe comunal dijo que reincorporarán a 75 empleados bajo un régimen de contrato o monotributo, ahorrando así unos 380 mil pesos. Es decir, los que quedarán afuera son 86 trabajadores.
En Ullum, Soler desafectó a 17 empleados que habían sido nombrados a planta permanente en noviembre y a 41 personas que contaban con el PIL, según manifestó. Al personal designado en el Ejecutivo comunal le dio de baja debido a que no cumplieron los seis meses como trabajadores municipales para alcanzar la estabilidad, de acuerdo a lo establecido por la ley. “No tengo presupuesto y recibí un municipio devastado”, destacó. Hoy a las 12 habrá una audiencia de conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo para dialogar sobre los despidos.
En el caso de San Martín, Andino explicó que su predecesor dejó efectivo a 22 pasantes y dos contratados el 9 de diciembre, a horas de dejar el poder. El intendente vio una maniobra política y como los empleados no cumplen con el requisito de la estabilidad, les dio de baja. “No es viable económicamente y tenemos que levantar hoy un pasivo de 2 millones de pesos”, destacó. Sí señaló que de ese grupo, a dos embarazadas les ofreció que sigan como pasantes.
Otro lote de distritos también tuvo traspasos difíciles debido a la puja por diferencias de color político y a internas puertas adentro, en los que ajustarán la situación del personal. En Zonda, Miguel Atampiz dijo que el exintendente César Monla extendió en los primeros días de diciembre los contratos de 72 personas hasta el 31 de este mes. Señaló que va a respetar ese plazo por las fiestas de fin de año, pero que luego los dejará sin efecto. “No tengo fondos y he recibido muchas deudas”, indicó. En Calingasta, Jorge Castañeda resaltó que faltan recursos para la finalización de obras que inició la anterior gestión de Robert Garcés, por lo que dijo que si no recibe ayuda provincial, analizará reducir el personal. Por el lado de 9 de Julio, Gustavo Núñez señaló que la idea es mantener a los becarios en esta fecha y que está sacando cuentas, pero aclaró que “si no tengo los medios, no puedo engañar a la gente”. Por su parte, Miguel Vega, de Jáchal, expresó que su objetivo no es darle de baja a contratados y becarios en las fiestas, aunque no lo descartó para más adelante.