Por una serie de delitos cometidos durante la dictadura militar en San Juan, como privación de la libertad, homicidio, torturas y desaparición forzada de personas, fueron elevadas a juicio las primeras 4 causas por hechos ocurridos en la provincia durante ese triste período de la historia, según dijeron fuentes de la Justicia Federal. Pero sólo irán a debate 3 de los procesos, porque en el cuarto, el único acusado, el ex gendarme Alejo Andrés Medina, murió el 20 de agosto pasado luego de padecer una enfermedad terminal y así la causa se quedó sin alguien a quien condenar.

Serán los primeros juicios por hechos ocurridos en la provincia durante los años de plomo, aunque no los primeros en llevarse a cabo por delitos de lesa humanidad. Precisamente, desde el lunes 5 de este mes se está llevando adelante en el edificio del Rectorado de la UNSJ el primer juicio oral y público en la provincia que tiene sentados en el banquillo de los acusados al matrimonio Tejada, acusados de haberse apropiado de un bebé, hijo de una pareja que permanece desaparecida.

Se trata de las causas por la desaparición de la joven María Ana Erize, la desaparición de Florentino Arias, la llamada causa Bustos y por la muerte del dirigente comunista Alberto Carvajal (ver aparte).

La fecha de los debates de estos 4 juicios, que fueron instruidos en el Juzgado Federal de Leopoldo Rago Gallo, depende ahora del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, encargado también del juicio al matrimonio Tejada y por eso el calendario todavía no ha sido determinado.

Por la cantidad de acusados y los testigos, muchos de ellos figuras de la política provincial, como el gobernador José Luis Gioja, que fue detenido tras el golpe militar, se calcula que hará falta un local amplio, que podría ser también el Rectorado, donde se llevan a cabo los debates por la apropiación del bebé.
Las causas por delitos de lesa humanidad estuvieron congeladas hasta junio del 2005, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las llamadas leyes del perdón: las de Obediencia Debida y Punto Final. El fallo retrotrajo la situación judicial al momento previo a la sanción de esas leyes, en 1986.

Las causas sanjuaninas se tramitaban en Mendoza, en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, pero tras la medida judicial comenzaron a ser instruidas en San Juan por el juez Rago Gallo.