La presentación que realizaron dos miembros del Tribunal de Cuentas (la vicepresidenta Graciela Cháves y la vocal Laura Yanzón) contra el presidente del organismo, Isaac Abecasis, por presuntas irregularidades, fue motivo de un largo debate ayer en la Cámara de Diputados. Finalmente, los legisladores aprobaron un pedido de informes de todos los expedientes en los que las funcionarias señalan ‘un accionar arbitrario e ilegal‘ y una fuente calificada del recinto señaló que si durante el estudio de la denuncia surge alguna presunta conducta delictiva, el caso podría ser enviado a la Justicia Penal.

Dentro de esa hipótesis, según las fuentes, los diputados podrían evaluar dos posibilidades. La primera, que sea la misma Legislatura la que envíe los informes a la Justicia y la segunda, apunta a que las denunciantes sean las encargadas de acudir a los estrados de ese Poder. Los conflictos en el órgano encargado de controlar los ejercicios contables de todas las reparticiones públicas no son nuevos. En 2008, ambas funcionarias aseguraron que el balance del mismo Tribunal, elevado al recinto legislativo, estaba mal confeccionado y en marzo de este año, Yanzón resaltó que la presentación de la cuenta 2009 era ‘incompleta e insuficiente‘.

En la última acusación, Yanzón explicó que realizaron la presentación ante la Cámara ‘porque es el ámbito que se encarga del control del Tribunal‘. En el escrito, la vicepresidenta y la vocal destacaron que la cuenta 2007 del municipio de Caucete fue admitida cuando ‘no estaba en condiciones de ser aprobada‘, porque Abecasis no convocó a una sesión plenaria para tratar el tema.

Entre otros puntos, las funcionarias describieron que ‘las sesiones no se llevan a cabo y que las actas se confeccionan y datan conforme al libre arbitrio de presidencia‘. En cuanto a las multas que aplica el organismo, las funcionarias remarcaron que ‘se han aplicado multas arbitrarias, violando garantías constitucionales‘ y que los miembros siguen interviniendo en expedientes ‘en los que están recusados‘.

Durante la sesión en la Cámara, el eje central de la discusión lo abrió el diputado basualdista Leopoldo Soler, quien resaltó que ante una posible conducta delictiva, debería ser la Justicia la que entienda en el tema y advirtió que la Legislatura no tiene facultades para intervenir en un organismo al que consideró ‘ejemplar‘ .