Después de que el Gobierno insistiera durante la mañana que "no iba a impulsar" la salida de Julio Cobos por medio de un juicio político, pero que "cualquier ciudadano" podía denunciarlo por inclumplimiento de funcionario público, la profecía se hizo realidad: Dos abogados denunciaron ayer penalmente al vicepresidente por presuntos delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", por haber avalado la media sanción sin mayoría especial de la ley que modificó el impuesto al cheque.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado federal de Daniel Rafecas por los abogados Antonio y Darío Liurgo.
La presentación se realizó luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negase de que el gobierno pida la renuncia de Cobos y tras afirmar que "cualquier particular puede hacerle una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En la denuncia, los abogados pidieron además que Cobos sea sometido a una "pericia psiquiátrica y psicológica", ante la posibilidad de que pudiera ser declarado inimputable.
El texto de la denuncia se dice que "el original accionar" de Cobos que "carece de antecedentes a nivel mundial" y lo acusa de protagonizar "actos antifuncionales cuya trayectoria tragicómica no parece estar exenta de incumplir con los deberes que como funcionario público le incumben al vicejefe de Estado".
Aníbal Fernández volvió a calificar como "traidor" al mendocino y dijo que no se va a "callar" para referir sus actitudes contrarias a los intereses de la administración nacional, aunque también dijo: "Yo no estoy pidiéndole que se vaya".
"Una cosa es un juicio político y la otra es eventualmente una denuncia que cualquier particular puede hacer (contra Cobos) por falta de deberes de funcionario público o por incumplimiento de los deberes de funcionario público", había dicho el funcionario.
Los abogados imputaron a Cobos un delito que castiga con entre un mes y dos años de prisión al funcionario que dictase una resolución contraria a la Constitución o a las leyes.