Por la acusación que pesaba sobre el presidente de OSSE, Adrián Cuevas, de haberle causado un perjuicio fiscal al Estado de 1 millón de pesos por no haberle cobrado una deuda por el servicio de agua potable a la Unión Vecinal, La Cañada, de Albardón, las actuaciones pasaron ahora a la Justicia Penal.
Fue porque el denunciante, un ex abogado de OSSE, Ricardo Bufaliza, había pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo. Y el organismo, que conduce Julio César Orihuela, decidió pasar las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno, según una resolución fechada el martes 3 a la que tuvo acceso este diario.
La denuncia de Bufaliza, que también pidió la intervención del Tribunal de Cuentas, fue porque hay una orden de la titular del Noveno Juzgado Civil, Elena de la Torre de Yanzon, para que la vecinal pague una deuda por el consumo del agua. Pero, en lugar de disponer el cobro, Cuevas terminó apartando a Bufaliza de la repartición y no dispuso el cobro de la deuda, según consta en las denuncias del abogado.
Consultado Cuevas, dijo en su momento que todavía está a tiempo de disponer el cobro porque la deuda no está prescripta.