Los responsables de una empresa productora de pistachos que opera en el departamento 25 de Mayo quedaron en la mira de la Justicia Penal. Un organismo nacional denunció en la Fiscalía Correccional de turno que en el emprendimiento Agrocuyo SA (así figura en la presentación ante la Justicia, pero fuentes vinculadas al caso dijeron que en realidad la razón social es Agro de Cuyo SA) encontró seis niños trabajando en la cosecha, hecho que está prohibido por la ley. Si son encontrados culpables no irán presos, porque el delito es excarcelable.
La denuncia fue impulsada el viernes por la delegación local del Registro Nacional y Empleadores Rurales (Renatea), recayó en la Fiscalía Correccional Nº 4 y apunta contra la firma agrícola y el responsable técnico del emprendimiento, Carlos Balero. Y es por el delito de trabajo infantil, definido como una conducta para aprovechar económicamente el trabajo de un niño o niña.
Los hechos que motivaron la presentación sucedieron el martes 11 de marzo, en una finca ubicada en el departamento 25 de Mayo. Más precisamente, en la ruta provincial 308, entre calles Pagés y Proyectada, en la localidad de Punta del Agua.
Según relata el denunciante, el titular del Renatea, Eduardo Martínez Yanzón, ese día llegaron hasta el lugar junto con inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación y se toparon con seis niños y niñas que estaban trabajando con sus madres en la cosecha de pistachos. Los menores tienen 2, 3, 5, 7, 8 y 11 años de edad y de acuerdo a lo que dijeron las fuentes, se encontraban con atuendos propios de los trabajadores rurales y algunos de ellos tenían un balde para colocar allí los frutos que levantaban del piso.
De la documentación que aportó el Renatea a la Justicia surge que Balero se presentó en la finca y cuando le preguntaron por los casos de trabajo infantil, se limitó a responder: “Los voy a echar a todos, no les doy más trabajo”. De ahí, que el denunciante afirma que el responsable técnico del proyecto tenía “conocimiento de la presunta infracción”.
En uno de los párrafos, la denuncia señala que los menores se encontraban expuestos a una alta temperatura, con muchos insectos alrededor y en una jornada mínima de trabajo de 12 horas. Y agrega que eso es “intolerable e ilegal”.
Balero es, por ahora, el único individualizado con nombre y apellido. Pero en forma elíptica, la denuncia también apunta a los miembros de la sociedad. Esto porque, si bien a una persona jurídica no se le pueden imputar delitos, el denunciante se toma de lo que dice la jurisprudencia e intenta correr el velo para determinar quiénes son los socios y poder ir al mismo tiempo contra ellos.
Los que quedarían exentos de cualquier castigo son las madres. Ellas estaban cosechando junto a los niños, pero la ley penal consigna expresamente que no son punibles.
El trabajo infantil está tipificado en el artículo 148 bis del Código Penal y contempla castigos que van de 1 a 4 años de prisión. Al ser la mínima menor a los 3 años, es excarcelable, por lo que los eventuales responsables no terminarían tras las rejas en forma efectiva.
La letra fría de la ley no permite que los menores de 16 años trabajen. Pero una nota publicada por este diario en 2013 reveló que es común que algunos niños empiecen las clases más tarde porque en esta época del año están en la cosecha. Incluso, se suele acomodar el cronograma escolar para que no pierdan contenidos.