"Tomado conocimiento de los hechos que informa la oficina de Clima Laboral y, frente a la naturaleza de ellos, la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia ha decidido abrir un sumario administrativo para determinar si se ha incurrido en una falta disciplinaria". Sin dar nombres, el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó ayer que se inició una investigación interna contra un juez de Flagrancia. Fuentes calificadas aseguraron que el que está en la mira es Carlos Lima, quien fue denunciado por una empleada por presunto acoso sexual en el ámbito laboral. Incluso, las fuentes indicaron que la trabajadora no solicitó el traslado de su puesto, pero sí dejó muy en claro que no quiere tener contacto con el magistrado. El sumario es un proceso interno que busca definir si, administrativamente, un miembro del Poder Judicial es factible de una sanción disciplinaria. Si en la investigación no hay elementos incriminatorios, el sumario es archivado. De lo contrario, la persona es castigada. En ese marco, el titular de la Corte fue categórico al indicar que "si se constata una situación irregular, nosotros (por la Corte) no barremos bajo la alfombra. Vamos a aplicar las sanciones que correspondan a quien corresponda".

En ese contexto, si el sumario arroja un resultado en contra del denunciado, la Sala de Superintendencia de la Corte debe definir si aplica sanciones, las que pueden ir desde un llamado de atención, apercibimiento, suspensión por una determinada cantidad de días o un pedido de juicio de destitución. El acoso sexual contemplado en la ley de Violencia Laboral no es un delito y consiste en cualquier tipo de acercamiento o presión, física o verbal, de naturaleza sexual, como dichos hacia una persona.

Según pudo confirmar este diario, la denuncia contra Lima cayó como un balde de agua fría en la cúpula del Poder Judicial, ya que el máximo tribunal viene promoviendo cambios de base en materia de trato laboral, con la puesta en marcha de Oficina de la Mujer y la implementación de la Ley Micaela, que fomenta la capacitación en perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres para los miembros de ese poder del Estado. Por otro lado, no es el primer sumario administrativo que se abre contra un magistrado, ya que, el año pasado, la Corte encaró un proceso similar contra Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, por presunta violencia laboral, bajo supuestas razones de género. Dicha causa lleva siete meses sin resolución, aunque las fuentes indicaron que está en camino de definición (ver nota vinculada).

Si bien no hay detalles de los hechos puntuales que sirvieron como denuncia contra Lima, trascendió que la presentación en la Oficina de Clima Laboral ocurrió hace un par de semanas y que, tras la acusación, fueron citados como testigos tanto empleados judiciales como magistrados. Cumplido ese paso y, sin solución en ese ámbito, la Oficina decidió pasar las actuaciones a la Corte, que resolvió iniciar un sumario administrativo.

Según la ley de violencia laboral, hay tres tipos de situaciones contempladas como violencia dentro del ámbito de trabajo: maltrato físico, acoso psicológico y acoso sexual. Este último está definido como "cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, para sí o para un tercero, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo público y que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la víctima".


Protocolo

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, indicó que el protocolo de actuación de la Oficina de Clima Laboral y por lo delicado del tema en particular no se revelan oficialmente las identidades de las personas involucradas en denuncias ligadas a violencia laboral en el ámbito del empleo público.