La investigación por el escándalo de las expropiaciones fraudulentas traspasó la frontera de San Juan. Un actuario judicial fue hasta Corrientes para tomarle declaración a una mujer vinculada al caso Suraty, quien terminó por salpicar más al principal sospechoso de montar una red de profesionales para estafar en millones de pesos al Estado. Mónica Almeida aseguró que fue Santiago Graffigna quien le aconsejó comprar por unos pocos pesos un porcentaje de un juicio que tenía sentencia favorable por más de 1 millón de pesos. La sospecha de la Justicia es que el abogado hizo entrar a ella y a otra persona al negocio porque él no podía figurar y que después logró redireccionar el proceso a un juzgado donde sabían que lo iban a beneficiar.
Almeida, de 36 años, vive desde el año 2007 en Paso de los Libres, localidad de la provincia que hoy gobierna Ricardo Colombi. Hasta allí llegó Alejandro Marinelli, un actuario del Juzgado de Instrucción Nº 5 de San Juan que está a cargo de la megacausa de las expropiaciones. La mujer era secretaria del abogado Gustavo Mulet y fue protagonista de una llamativa operación: en 2005 le compró a la entidad San Vicente de Paul el 35 por ciento de un juicio de expropiación donde había sentencia firme a favor por más de 1 millón de pesos y una persona llamada Miguel Suraty adquirió el otro 65 por ciento por 10 mil pesos.
El juicio era por un terreno de algo más de una hectárea en Rawson y se tramitó en el Juzgado Civil Nº 3. En 1991 el Estado fue condenado a pagar 1,01 millones de pesos, pero hubo idas y vueltas entre los representantes legales de las partes y el desembolso no se materializó. Los pagos salieron recién cuando intervino Graffigna en representación de Suraty y la causa llegó a manos de la por entonces titular del Juzgado Civil Nº 1, de quien se sospecha que lo favorecía con sus fallos. Según fuentes judiciales, Almeida declaró que le había preguntando a Graffigna en qué podía invertir una plata que recibió de su padre y que él le ofreció quedarse con una parte del juicio. Además, aseguró que no tenía idea que ya había sentencia a favor y mucho menos, que era por un monto millonario.
De acuerdo a lo que dijo la mujer frente al actuario, cuando Mulet se enteró de la operación se enojó mucho. Y agregó que con él, que era su jefe, la relación estaba desgastada. Finalmente, contó que le vendió su parte por el mismo precio a Celina Infante, hermana de Carlos Infante, socio de Mulet, y que después renunció al estudio jurídico y se fue de San Juan.
La Justicia presume que el entramado de nombres no fue casualidad: la secretaria del abogado de la institución que tenía los derechos del juicio compró una parte del mismo y después se lo vendió a la hermana del socio de su jefe. Y que las coincidencias no son tales: con Suraty, entró y empezó a tallar en el proceso Graffigna, justo el hombre que está acusado de inflar el valor de terrenos expropiados por la provincia.
De hecho, Suraty declaró oportunamente que Graffigna era su amigo, que le propuso el negocio del juicio y que al tiempo, le entregó unos 40 mil pesos de los 800 mil que le hubieran tocado. Y la extitular de San Vicente de Paul, Carmen Arévalo de Del Bono, señaló que fue asesorada por Graffigna para desprenderse de los derechos de la expropiación (la institución terminó perdiendo mucho dinero).
Los investigadores entienden que las pruebas del caso refuerzan la teoría de que, al no poder comprar él mismo porque a futuro iba a intervenir como abogado, Graffigna buscaba a terceros para apoderarse de juicios donde sabía de antemano que iba a obtener montos muy jugosos.
En Tribunales se preguntan cómo fue que Graffigna tomó conocimiento de la causa por la expropiación del inmueble y a partir del testimonio de Almeida, conjeturan que el propio Mulet y su socio podrían tener que ver porque eran los que manejaban los datos del litigio. Un dato no menor es que Celina Infante, una vez que le compró la parte a Almeida, recusó a la titular del Juzgado Civil Nº 3 sin causa y abrió el camino para que el juicio sea derivado al Juzgado Civil Nº 1.