Una muerte violenta que concluyó en una ablación de órganos y la negativa a asistir al hospital del médico forense desató un nuevo capítulo en la disputa que mantiene el Ministerio Público Fiscal y la Corte de Justicia por el funcionamiento del Laboratorio Forense. Es que por ley, la Justicia tiene cuatro horas para informar al INCUCAI sobre la autorización, y sin la presencia del profesional todo el operativo estuvo en riesgo.
"El 22 de agosto, cuando la causa aun estaba en manos del Dr. Adárvez, nos constituimos en el hospital para darle mayor rapidez al trámite. Nos pusimos en contacto con el médico forense y me dijo que no era necesaria su presencia y que no iría. Cosa contraria a lo que establece la ley. Por lo escueto del plazo convoqué a otra médica y se pudieron donar los órganos", relató el ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Mariano Carrera,
"no es la primera vez que se suscitan estos problemas, ya hemos tenido otros encontronazos con el Laboratorio Forense. Algunos trámites podrían ser mucho más simple, prácticos y sencillos, pero el Laboratorio Forense impone una burocracia innecesaria que no sirve y lo único que hace es dilatar los procesos", agregó en diálogo con Demasiada Información, en Radio Sarmiento.
El caso
Tras un homicidio ocurrido días atrás, era necesaria la presencia de un forense para que realizara un informe en el que definiera qué órganos se podían donar sin afectar la posterior autopsia, que es la que determina la causa del deceso. El médico convocado fue Alejandro Yesurón, quien, tras dar sus motivos, decidió no ir al Hospital Rawson, por lo que un funcionario judicial tuvo que llamar de urgencia a otra profesional, ya que, por ley, Según fuentes oficiales, esa demora puso en riesgo el procedimiento de ablación, hasta que llegó la médica Beatriz Vázquez, quien determinó que del cuerpo se podían extraer córneas, corazón, hígado, páncreas y riñones y que eso no afectaría la futura autopsia. Si bien el procedimiento se realizó, la cosa no quedó ahí, porque el fiscal General Eduardo Quattropani informó de toda esa situación al presidente de la Corte, Juan José Victoria. Es decir, le pasó la pelota al máximo tribunal, de quien depende el personal del Laboratorio Forense, para que tome las medidas que corresponda.