La usurpación del domingo se llevó a cabo en un terreno que va desde Calle 5 hasta Calle 6, en Pocito, al sur del Barrio Teresa de Calcuta. De acuerdo a la información que manejan tanto desde el Ministerio Público Fiscal como en el Gobierno, el inmueble está en manos de la Nación, por lo que, de confirmarse a través de la documentación, los siete detenidos pasarán a ser investigados por la Justicia Federal, la que tiene competencia en predios nacionales. Todo indica que el registro oficial estará hoy antes de la audiencia de presentación que realizará la fiscal Coordinadora de Flagrancia, Virginia Branca, y el fiscal Cristian Catalano, quienes intervinieron cuando se desencadenó la toma. De ser así, plantearán que no es competencia del procedimiento de juzgamiento exprés de la provincia. La única posibilidad de que siga bajo Flagrancia es que Nación haya firmado un convenio con San Juan o el municipio para la posesión del predio, cosa que no se habría dado, indicaron fuentes oficiales.

La ocupación se gestó en la madrugada del domingo y fueron 12 horas de tensión, ya que hubo unas 200 personas involucradas. Sin embargo, el fiscal Catalano explicó que, con personal policial a la cabeza, se desplegó un protocolo en el que se abrió el diálogo para que los implicados desistieran de la usurpación, algo que la mayoría terminó aceptando. No obstante, hubo un grupo que se resistió y se negó a retirarse y debieron actuar los uniformados, los que detuvieron a 10 personas bajo una lluvia de piedras. De los apresados, hay cinco varones, dos mujeres y tres menores de edad, los que quedaron a disposición del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia en turno y, a su vez, fueron entregados a sus padres.

Tras la toma, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, resaltó que "es una decisión del Gobierno de la provincia de no permitir ocupaciones ni usurpaciones de terrenos, sean públicos o privados. Es una postura innegociable". A su vez, el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, resaltó en el programa "Demasiada Información", de Radio Sarmiento, que "se los sacará del padrón de postulantes" a los involucrados. "Esta situación no se puede volver a repetir. Usurpan y pretenden que así se les dé vivienda. No es lo que corresponde. No podemos trabajar con estas situaciones. Hay cierta especulación en estos tiempos políticos", destacó el funcionario.

En el marco de una política de Estado articulada con el Legislativo y el Judicial, la gestión uñaquista puso en marcha en agosto de 2017 el procedimiento de Flagrancia, el sistema de enjuiciamiento exprés para los delincuentes atrapados en el momento en que cometen un ilícito. En diciembre de ese año amplió la gama de delitos e incluyó la usurpación, la que se castiga con prisión de seis meses a tres años, según el artículo 181 del Código Penal. Catalano y Branca intervinieron y hoy llevarán adelante la audiencia de presentación contra los siete detenidos, entre las 9.30 y las 10. Sin embargo, la información que manejan, al igual que en el Gobierno, es que la toma se efectuó en exterrenos del ferrocarril, que está en poder de la Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE) de la Nación. Una vez confirmado el dato, los fiscales de Flagrancia se declararán incompetentes y pasarán la causa a Fiscalía Federal, en poder de Francisco Maldonado, quien debe pedirle al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación.

Antecedente

Grupos de personas habían tratado de tomar y asentarse en septiembre de 2020 en un terreno privado en Villa Media Agua, Sarmiento, al punto de que habían puesto las bases y estacas para dividir los futuros lotes y levantar las precarias viviendas. La movida había llegado a oídos del municipio, desde donde alertaron al Ejecutivo. De esa forma, personal policial acudió al lugar, pero no encontró a nadie, por lo que se dejó una custodia para evitar que la maniobra avanzara en otro momento. Además, obreros luego levantaron los incipientes cimientos. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, había sido contundente sobre el accionar de la gestión uñaquista en esas situaciones, ya que había destacado que "vamos a ser inflexibles con la toma de terrenos". Todo se dio tras usurpaciones en Buenos Aires.

El delito

La usurpación está contemplada en el artículo 181 del Código Penal y tiene una escala penal
que va de seis meses a tres años de prisión, por lo que el delito permite una condena excarcelable.

Flagrancia

Durante el hecho en Pocito, intervino el fiscal Cristian Catalano, bajo la coordinación de Virginia Branca. Hoy llevarán adelante la audiencia de presentación y definirán la incompetencia del procedimiento local.

Justicia Federal

El hecho se produjo en terrenos nacionales, según la información oficial, por lo que es
competente la Justicia Federal. En ese ámbito, el juez investiga y el fiscal pide medidas.