La Policía la encontró en su casa, no se resistió y quedó detenida. Se trata de Carolina García, la empleada del PAMI que trabaja en la delegación de 9 de Julio y que hace poco fue denunciada por una presunta estafa a jubilados del departamento. Ayer, el juez Leopoldo Zavalla Pringles ordenó su arresto y el secuestro de documentación y artículos que la comprometen seriamente, contaron fuentes de Tribunales. Como tiene problemas de salud, el magistrado resolvió que se quede en su domicilio bajo custodia policial.

Según las fuentes, García vive en el Barrio San Martín y al momento de la detención estaba en su casa porque desde hace algunas semanas no va a trabajar por haberse fracturado una pierna. El médico legista la revisó y determinó que no está en condiciones de ser trasladada a una celda en una comisaría. Por eso, Zavalla Pringles dispuso que quede con arresto domiciliario y que una guardia policial pase periódicamente por el domicilio para verificar que no se escape.

La complicaciones para la mujer empezaron cuando dos jubiladas que son afiliadas al PAMI la denunciaron en la comisaría de 9 de Julio por el supuesto delito de estafa. Paralelamente, pusieron el caso en conocimiento de las autoridades del organismo nacional, que de inmediato abrieron un sumario administrativo que podría derivar en la cesantía o la exoneración de García.

Las presuntas víctimas son Inocencia Gómez y Carmen Molina y residen en 9 de Julio. En la Justicia dijeron que de las denuncias se desprende que García, que ingresó al PAMI en la gestión del ex interventor Jorge Clavel, las habría engañado para sacarles plata. Aparentemente, las visitó seguido para ganar confianza y después de un tiempo, les pidió documentación haciendoles creer que era para hacer un trámite en la obra social, las llevó a casas de comercio en la ciudad y las hizo firmar créditos para comprar artículos que más tarde retiraba ella. Además, habría tramitado créditos en dinero con el mismo artilugio.

El operativo estuvo a cargo la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía provincial, que encabeza el oficial principal Domingo Sombra. Fuentes de la fuerza aseguraron que en la casa de García secuestraron importante cantidad de documentación de los créditos que la mujer les habría hecho sacar a las jubiladas por la compra de electrodomésticos, muebles y hasta bicicletas.

En en Palacio de Tribunales aseguraron que el magistrado planea tomarle indagatoria a García entre jueves y viernes, una vez que sea remitida al Juzgado una tercera denuncia que ingresó. El delito que se investiga contempla penas que van de 1 mes a 6 años de prisión y es excarcelable, por lo que no terminaría presa en caso de ser condenada.