Mañana está previsto el inicio del juicio por la millonaria estafa a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB), aunque hay dos planteos que deben resolverse. Ambos fueron realizados por la escribana María Isabel Carchano y el odontólogo Luis Minin y apuntan a lo mismo: que se les suspenda el proceso, desarrollar tareas comunitarias, pagar una suma simbólica de dinero y cumplir pautas de conducta para que se les borre la mancha penal, dijeron fuentes judiciales. El pedido de una probation (suspensión de juicio a prueba) no es nuevo, dado que Carchano había sido una de los que lo había solicitado y hasta la Corte de Justicia se lo había negado. En base a ese antecedente, es casi un hecho que la Sala II de la Cámara Penal rechace las peticiones, por lo que se verá si los acusados acuden al máximo tribunal y se postergue el debate hasta que haya otra resolución, indicaron las fuentes.

La causa cumplió ocho años y se tramita bajo el viejo sistema penal. Los involucrados son Minin, Víctor Oberdank del Valle Fernández, Carchano y Walter Orellano. En el expediente figura que Minin y Fernández integraban la comisión de terreno de la Caja MOB, por lo que estaban encargados de buscar un inmueble para que la entidad construyera casas. El primero de los implicados ubicó a Alfredo Cosentino, quien vendía un predio en Santa Lucía y acordaron la compra en 1.100.000 pesos, el equivalente a 260 mil dólares según el cambio de la época. Entretanto, con el contacto de Minin y Fernández, el operador inmobiliario Orellano se presentó ante las autoridades de la Caja y ofreció el predio a 1.300.000 dólares, es decir, cinco veces más caro. Los miembros de la comisión de terreno impulsaron la compra y terminaron influenciando a la comisión, que aprobó la adquisición. Para finalizar, la escribana Carchano confeccionó un boleto de compraventa por 260 mil dólares para los dueños del inmueble y, luego, armó una escritura en la que consta la operación entre la Caja y Orellano, como representante de los vendedores, por 1.300.000 dólares.

Carchano había solicitado la probation, pero el fiscal José Mallea y la entonces Sala III se la habían denegado. ¿El fundamento? En líneas generales, la oposición se basó en que, al tratarse de una escribana, la mujer cumplía una función equiparable a la de un funcionario público. Y el que desempeñe esta tarea tiene vedado el acceso al beneficio, según el Código Penal. Orellano también solicitó la suspensión del juicio a prueba, pero recibió el mismo revés. Ahora, Carchano insistió con pedir el régimen, al igual que Minin, para zafar del debate.