Un proveedor le facturó 800 kilos de carne molida al área que maneja las finanzas de la Gendarmería en Barreal y del Centro de Formación de los uniformados, pero en la práctica ingresaron 110 kilos, lo que significó una pérdida de casi 45 mil pesos. Otros comerciantes entregaron comprobantes por productos como fideos, arroz, verduras y jugos, entre otros, que nunca entraron a la dependencia. Y no sólo eso, ya que también hay sospechas de sobreprecios en la compra de mercaderías. Así, desde marzo a diciembre de 2013 y en algunos meses de 2014, esas presuntas irregularidades, por montos que fueron desde 7 mil hasta 400 mil pesos, se repitieron constantemente hasta acumular un total de 6 millones de pesos. Por eso, dos exjefes de la fuerza de seguridad local, Jorge Ariel Castro y Darío Fabián Barco, están imputados como supuestos responsables de armar un fraude contra la administración pública. Uno de ellos ya fue indagado por la Justicia Federal y el otro declarará en los próximos días, dijeron fuentes calificadas. Además, 10 dueños de negocios correrán la misma suerte.

Es la primera vez que el caso sale a la luz y DIARIO DE CUYO lo da a conocer en exclusiva. La causa está en manos del fiscal Federal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, aunque reina el hermetismo. La sospecha es que habría una complicidad entre los exjefes gendarmes, responsables de los pagos, y los proveedores para quedarse con dineros públicos que la Nación enviaba a la fuerza para abastecer de víveres al personal del Escuadrón 26 Barreal y a los estudiantes del Centro de Formación Félix Manifior. La denuncia la hizo Gendarmería con asiento en Córdoba en diciembre de 2014 y la investigación, por su complejidad, demandó pericias que tomaron su tiempo, explicaron las fuentes. En el momento en que estalló el escándalo, Barco, comandante principal, estaba al frente del Félix Manifior, mientras que Castro, segundo comandante, era el titular de la Unidad Técnica Administrativa Contable (UTAC), área que maneja las finanzas del Escuadrón y del instituto. Ambos no son sanjuaninos y habrían sido trasladados por la situación.

Castro también está bajo la lupa por haber contratado 25 celulares corporativos, dejarse uno para él y repartir el resto con familiares, entre ellos su esposa, compañeros y jefes y oficiales del Escuadrón 26 y del Centro de Formación, indicaron las fuentes. ¿Cuál es la irregularidad? La sospecha es que el gendarme desvió recursos de la fuerza de seguridad para solventar la compra y el uso de los equipos, cuando una normativa interna indica que Gendarmería no puede contratar ningún tipo de telefonía celular. No es lo único, ya que junto a Barco quedaron implicados en otros hechos (ver Datos).

Pero la situación más delicada que deben enfrentar es la facturación de mercadería que no ingresó; el pago por una cantidad de productos, pero que al final entraban muchos menos y los sobreprecios. Según las fuentes, Castro y Barco habrían contactado a los 10 comerciantes, de los que no trascendieron sus nombres, para llevar a cabo la provisión de alimentos. Para la adquisición, habrían implementado un sistema de "legítimo abono", que consiste en contraer una deuda con comerciantes a quienes se les paga dentro de los 30 días de la facturación, cuando lo correcto habría sido llamar a licitaciones o compras directas. Los pagos excesivos saltaron por precios comparativos que tiene la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y las anomalías en las compras surgieron de pericias contables de una unidad especial de Gendarmería en Tucumán y de la Policía Federal.

Adquisición de colchones
 

En 2013, el área de Logística del Centro de Formación habría recibido 200 colchones de un comercio. Un sumario no pudo establecer quién ordenó la compra ni su forma de pago ni la fecha de ingreso.

Provisión de gas sospechosa

En 2013 hubo una provisión de gas a granel para los depósitos de Félix Manifior. Dichas cargas fueron pagadas por un tercero ajeno a la institución, que abonó 90 mil pesos, que a su vez sería proveedor.