El Estado pagó más de 1 millón de pesos en un juicio de expropiación de un terreno en Cuesta del Viento, pero el dueño recibió nada más que 160 mil pesos. Fuentes judiciales aseguraron que eso fue lo que declararon los herederos del propietario, en la causa penal que impulsó la gestión giojista para saber si existe una red de jueces y abogados que se dedica a inflar el precio de los inmuebles que compra la provincia, perjudicando así en montos millonarios a las arcas públicas. El dato es clave y en el gobierno dicen que sirve para suponer que el resto del dinero que se cobró, podría haber ido a pagos para integrantes de la supuesta organización.

Para el Gobierno, el caso es prioridad absoluta porque es parte de una trama muy compleja que pone en jaque las finanzas estatales. Pasa que quedan juicios en trámite donde hay más de mil millones de pesos en juego para las arcas públicas y quiere parar las supuestas maniobras. El escándalo llegó a tal magnitud, que Mario Díaz renunció hace poco como fiscal de Estado y reconoció que su decisión fue, en parte, por el desgaste que generó el tema expropiaciones.

La explosiva declaración fue la semana pasada frente a la jueza de la causa, María Inés Rosellot, pero recién trascendió ayer a la tarde. Y no es la única. Las fuentes aseguraron que los herederos de otro propietario de un lote de Cuesta del Viento expropiado en los años "90, dijeron algo similar: que percibieron no más del 30 por ciento de lo que depositó la provincia.

Un juicio de expropiación es un proceso que se inicia para que la Justicia determine cuánto es lo que tiene que pagar el Estado por la compra de un terreno a una persona. La provincia es representada por Fiscalía de Estado y el expropiado por un abogado particular; y el litigio termina cuando el juez resuelve el precio del inmueble y la administración pública le paga al propietario.

De acuerdo a los testimonios de los herederos, el problema en este caso es que la provincia desembolsó lo que le impuso la Justicia y los propietarios recibieron solamente una pequeña porción. Y nadie sabe decir quién se llevó lo que quedó en el camino y si hay algo firmado entre los expropiados y sus abogados, que justifique el circuito de la plata.

El Gobierno sospecha que en algunos juicios actúa una organización ilícita que, por omisión o acción, cometió irregularidades -dejar vencer plazos, tasaciones exageradas, pasos procesales no advertidos, entre otras- para sacarle plata de más a la provincia y que todo es parte de un negocio (Ver Cronología en página 2). El dato que revelaron las familias no demuestra en sí que hubo perjuicio contra el Estado, pero en Casa de Gobierno interpretan que tangencialmente es clave, porque refuerza la presunción de que hay plata que fue a terceros a cambio de las anomalías.

La mira oficial está puesta en un abogado de Fiscalía de Estado, en abogados de los expropiados y en jueces, como presuntos autores de las maniobras. Norberto Baistrocchi fue cesanteado del organismo por negligencia defendiendo a la provincia en los juicios y el abogado Santiago Graffigna es mirado con recelo, debido a que representa a los propietarios en la mayoría de los casos -no es el único- e intervino en los dos en cuestión.

Los declaraciones que se conocieron ayer son de personas que fueron llamadas como testigos, para verificar la identidad de los dueños de los lotes donde se construyó el dique iglesiano y destaparon un dato que podría dar lugar a futuras causas penales. Pasa que si se comprueba lo que denuncian, que no sabían lo que pasaba y que no hay un instrumento que lo explique -pacto de cobro con el abogado, cesión de derechos, por ejemplo-, las fuentes señalaron que serían víctimas de una estafa y podrían iniciar acciones contra quienes los engañaron.

Es posible que el escándalo siga en ascenso. Está previsto que en los próximos días declaren más herederos de los viejos dueños. Y en Tribunales, nadie descarta que la historia se repita.