Un empleado de planta permanente del municipio de Angaco tenía la función de vender las órdenes de consulta y farmacia de la Obra Social Provincia (OSP), cuyos fondos luego debía depositar en la cuenta del organismo de salud. Pero tras un arqueo, salió a la luz que en el transcurso de 14 meses se quedó con 57 mil pesos. La maniobra derivó en un sumario administrativo y el Ejecutivo comunal decidió echar al agente Dante Aragón, quien es esposo de la concejal opositora Sandra Escuela. Pese a que devolvió la plata, también enfrenta una denuncia que la comuna realizó en la Justicia, por lo que está en la mira por un posible fraude, uno de los tipos especiales de estafa, explicaron fuentes judiciales.

El despido de Aragón se produjo el 9 de este mes, pero trascendió ayer. De acuerdo a un convenio con la OSP, la comuna se encarga de poner a un empleado para que venda las órdenes de consulta, farmacia y de algún tipo de práctica para los afiliados. El denunciado cumplía esa tarea y debía depositar lo recaudado en la cuenta de la obra social estatal. Sin embargo, según el sumario, sustrajo los fondos desde julio de 2014 hasta agosto de 2015, llegando a un total de 57 mil pesos. En esa época, las órdenes tenían un valor que iban desde los 15 hasta los 40 pesos, por lo que “se trató de una mecánica sistemática”, resaltó el intendente angaquero, José Castro.

El jefe comunal señaló que la maniobra se conoció por un arqueo que pidió la OSP y que llevó adelante el municipio en septiembre. En el relevamiento se descubrió el faltante y según Castro, Aragón admitió la sustracción de los fondos. Así se disparó el sumario, mientras el entonces empleado fue derivado a otra área en la que no tuviera contacto con el manejo de recursos.

El intendente explicó que luego de reunir todas las pruebas y que el implicado hiciera su descargo, la investigación interna lo encontró responsable de la maniobra. En base a esos resultados, resolvió despedir al agente. “Somos inflexibles ante este tipo de situaciones. El que se lleve un peso de las arcas del Estado va a ser castigado”, fundamentó.

Aragón está casado con la concejal Escuela, que forma parte del Frente Juntos por San Juan, la alianza que conformaron el PRO, la UCR y Dignidad Ciudadana. Sin embargo, Castro evitó toda vinculación política. “Es una triste casualidad”, destacó.

Al encontrarse ante la presencia de un posible delito, el intendente expresó que radicó la denuncia en la Justicia. A través de su abogado, el exempleado dará pelea en sede administrativa y en la judicial (Ver recuadro). Tanto Castro como desde la actual gestión de la obra social confirmaron que Aragón reintegró la plata. Ese gesto abre 2 escenarios. Según las fuentes, hay jueces que entienden que hay una reparación del perjuicio, lo que implica la extinción de la acción penal. En este caso, se basan en lo que establece el artículo 59 del Código Penal, que como norma de fondo, argumentan, no pueden desconocer. Del otro lado, hay posturas que se oponen, ya que dicen que el mismo artículo indica que dependerá de las leyes procesales de cada provincia. Bajo esa mirada, argumentan que la reparación del perjuicio no está vigente en San Juan.