Luego de al menos dos postergaciones, el juicio contra el exinterventor del IPV en la gestión giojista, Juan Terranova, tiene nueva fecha: el 1 de febrero. La causa contra el entonces responsable del área de vivienda de la provincia, quien está acusado de ordenar un desalojo ilegal, acumula una demora de poco más de 13 años. Sin embargo, el expediente se mantiene vivo debido a que en todo ese tiempo el ingeniero siguió ocupando puestos en organismos estatales y el Código Penal establece la suspensión de la prescripción en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, mientras el acusado se encuentre desempeñando un cargo público. De todas formas, no corre riesgo de ir a prisión, ya que lo juzgarán por incumplimiento de los deberes de funcionario público, figura cuya escala penal va de un mes a dos años y por lo tanto, es excarcelable.
La denuncia contra Terranova se desató en diciembre de 2004 durante su paso como el primer interventor del IPV en la administración de José Luis Gioja, cuyo mandato se extendió desde diciembre de 2003 a junio de 2006. Luego ocupó otros lugares en el Gobierno provincial: estuvo en la Municipalidad de la Capital y actualmente ocupa un cargo técnico en la Legislatura (ver recuadro), revelaron fuentes calificadas.
En el devenir de la causa, Terranova fue citado a juicio en noviembre de 2016 y en febrero del año pasado, pero no asistió en ninguno de los dos casos por diferentes motivos (ver aparte). Ahora deberá rendir cuentas el 1 de febrero en el Segundo Juzgado Correccional ante la jueza Carolina Parra y el fiscal Alejandro Mattar, bajo la acusación de incumplir con sus deberes de funcionario público.
Todo se desencadenó cuando el abogado Pablo Ruarte denunció que personal del IPV irrumpió a fines de 2004 en el hogar que su madre tenía en Rivadavia, quien había fallecido, y de la cual él es el heredero. Los empleados de la repartición llevaban una orden concreta: desalojarla. Como en ese momento no había nadie, con un cerrajero forzaron las puertas de ingreso y sacaron a la vereda todos los muebles que había.
Sin embargo, en el expediente no hay ninguna resolución de revocación de la adjudicación ni de desalojo de la vivienda. Todo se habría originado por supuestas denuncias que señalaban que en la casa no vivía nadie, pero el denunciante argumentó que él viajaba permanentemente por temas familiares y de trabajo y que su madre atravesaba problemas de salud, por lo que tampoco solía estar mucho tiempo en la casa dado que era trasladada hacia otros lugares.
Así, todos los cañones apuntaron contra Terranova, la máxima autoridad del IPV en esa época, ya que habría sido el autor de la orden, indicaron las fuentes. El ingeniero fue procesado y el fallo fue confirmado tanto por la Cámara Penal como por la Corte de Justicia. En el medio hubo una larga puja que entabló la defensa por la prescripción de la causa, ya que el plazo de la extinción de la acción penal del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es de dos años. Sin embargo, el planteo no encontró eco en ninguna de las instancias superiores debido a que Terranova siguió ocupando cargos estatales luego de su paso por la repartición de vivienda. La jurisprudencia señala que en ese tipo de puestos un funcionario puede ejercer alguna influencia contra la causa.
Citaciones
Todo estaba listo para que el juicio contra Terranova se llevara a cabo el 21 de noviembre de 2016, pero no se presentó. En el Segundo Juzgado Correccional que comanda la jueza Carolina Parra no dieron explicaciones sobre cuál fue el motivo del faltazo. La fecha se reprogramó para el 7 de febrero de 2017, pero el funcionario tampoco asistió, aunque en esa ocasión presentó un certificado médico en el que adujo problemas de salud.
Paso por la actividad pública
Juan Terranova es ingeniero y se desempeñó como el primer interventor del IPV en la gestión giojista, desde diciembre de 2003 a junio de 2006. Tras su salida, pasó a ser asesor del entonces gobernador Gioja en el área de Desarrollo Urbano e Infraestructura. También ejerció como secretario de Obras durante la intervención en Iglesia. Luego de ese puesto, se desempeñó como subsecretario de Emergencia Social en el Ministerio de Desarrollo Humano. De la esfera provincial saltó al municipio de Capital, en donde cumplió funciones como secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2015. Luego recayó en un puesto técnico en la Cámara de Diputados, en el que se encarga de la supervisión y control de, por ejemplo, la construcción del anexo de la Legislatura, el cual se está construyendo en calle Laprida entre Las Heras y Ricardo Rojas.