Dos exintendentes de Ullum, Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortiz, tienen finalmente fecha para ir a juicio oral y público para el próximo 18 de abril, a las 9.30, según dispuso la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Están acusados de haber cometido fraude con la facturación de servicios al municipio en el año 1998, es decir que tras 15 años tendrán que responder en la Justicia por los hechos que les imputan. Por aquella época Gil era el jefe comunal y Ortiz era jefe de Patrimonio de la municipalidad. Si son encontrados culpables en el proceso deberían dejar sus funciones actuales porque ambos trabajan para el Estado. Además, podrían quedar inhabilitados para volver a ocupar cargos públicos. No obstante, el delito por el que se los acusa fija penas excarcelables por lo que incluso en el caso de llegar a ser encontrados culpables, no irán a la cárcel.
Actualmente, Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia. Y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, que depende de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas (ver aparte).
La Sala III había fijado originalmente la fecha de juicio para el 27 de septiembre del año pasado, pero la audiencia se postergó porque ese día hubo alegatos en un caso de homicidio. Por otro lado, el abogado Rubén Pontoriero, defensor de los acusados, planteó la nulidad de una resolución del Tribunal de Cuentas que estableció la responsabilidad administrativa de los funcionarios acusados. El letrado señaló que la culpabilidad sólo puede ser sancionada por la Justicia, que ofrece las garantías de defensa en el proceso. Y como el recurso estaba siendo analizado por la Corte de Justicia, la Sala tuvo que esperar esa resolución para decidir si incorporaba o no esa prueba. Al final la Corte declaró la nulidad de esa resolución y allanó el camino para avanzar.
Gil y Ortiz no son los únicos acusados. Según figura en el expediente del proceso, Pedro Bravo era el encargado de Compras, conformaba las facturas y cobró algunos cheques. Mario Serrano era el encargado del camping municipal y certificó los trabajos que luego se determinó que no se habrían realizado. María Esther Reinoso era la tesorera -todavía trabaja en el municipio-, era la encargada de autorizar los pagos. A Gil, como jefe de la administración, le atribuyen haber cobrado uno de los cheques. Ortiz era el que pedía los servicios de las empresas.
La causa se inició por una denuncia en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan en el año 1998 realizada por exconcejales. Luego, el entonces vicepresidente del Concejo Deliberante, Roberto Solera, decidió hacer la presentación ante el juez penal de turno.
La denuncia tenía como protagonistas a los empresarios Alberto César Molina, exconcejal del Frente para el Cambio, y José Serer, propietarios de empresas de servicios que contrataban servicios con la Municipalidad. Pero la investigación descubrió que, en el caso de Molina, las facturas eran de un talonario que se le había extraviado. Además aseguró que nunca había ejecutado las tareas que allí figuraban, pero que el municipio sí había pagado.