En una sesión secreta, por el tono de los hechos denunciados, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) trató este jueves por la noche la situación del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien fue señalado por una empleada por presunto acoso laboral y sexual.

En rigor, el cuerpo resolvió abrirle un sumario y disparar la investigación puertas adentro de la casa de altos estudios. La postura fue unánime por parte de los miembros del Consejo. La sesión estuvo encabezada por el rector Tadeo Berenguer, luego de la habitual sesión ordinaria de este cuerpo.

Lo que está en duda y se debate, es si durante este periodo Bloch quedará suspendido de sus funciones, como pretende la denunciante.

La denuncia se tramita siempre adentro de la UNSJ. Es que la Universidad cuenta con la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación que busca contener este tipo de situaciones, al margen de si los afectados deciden encarar un camino en la Justicia Penal.

Por su parte, Bloch desmiente los hechos denunciados: "es un hecho intencional para hacerme daño personalmente y como referente de la política universitaria. Tiene toda la impronta de una operación", dijo a este diario

El caso estalló el 16 de este mes y, cinco días después, la empleada presentó un pedido de suspensión inmediata y preventiva contra el decano de Exactas, con el patrocinio letrado de María Alejandra Rojo, con el asesoramiento de Conrado Suárez Jofré. 

En el primer escrito, para sostener la solicitud de la separación preventiva, la mujer expuso que en la Facultad que, "de manera permanente, asisto a un continuado ejercicio de violencia en mi contra, mediante conductas directas e indirectas, posteriores a las que fueran objeto de denuncia, de coerción, intimidación, persecución, aislamiento y humillación en mi ámbito laboral, donde ejerzo funciones".

Además, la abogada planteó que, ante la negativa del pedido, se incurriría en violencia institucional por el retardo, obstaculización o impedimento en garantizarle a la denunciante el derecho "a gozar de una urgente medida protectora", en el marco de la protección integral a las mujeres, de acuerdo a la ley nacional 26.485. Por eso, la denunciante había indicado que, "ante cualquier negativa y/o demora irrazonable, me veré compelida a ocurrir ante las autoridades judiciales federales en procura de la debida tutela cautelar". De esa forma, solicitaron la suspensión no sólo de su función como decano sino también como miembro del Consejo Superior.