A raíz del colapso operativo que sufre la Justicia por las miles de causas que ingresaron y seguirán ingresando contra deudores de impuestos, la gestión giojista resolvió poner plata extra para crear más juzgados y descomprimir la situación. Así lo afirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo, que además aclaró que aún no está definido la cantidad de nuevos organismos ni el monto a invertir. La medida está en consonancia con un pedido que vienen haciendo jueces y abogados después del desborde que pone en peligro la resolución de miles de ejecuciones a favor del Estado.
La decisión política responde al estado crítico que vive hoy la Justicia de Paz, que es la que recibió de golpe la gran mayoría de los planteos judiciales que impulsó recientemente Rentas contra los que no pagan los impuestos. Son 49 mil demandas que ingresaron de diciembre a febrero y que se suman a los procesos de particulares que se tramitan regularmente. Suficiente para que la Mesa de Entradas de ese fuero quedara saturada de expedientes. Y es el principio, porque ahora se deben cargar en tiempo récord y sortearlas entre los 8 juzgados que hay en el Gran San Juan para este tipo de reclamos.
En Casa de Gobierno reconocieron con preocupación el colapso y aseguraron que, ante la imposibilidad presupuestaria que exhiben en Tribunales para poner dinero adicional, se harán cargo del costo de los nuevos juzgados. Además, debido a la urgencia por solucionar el problema, confiaron que mandarán, posiblemente en extraordinarias, un proyecto a Diputados para crear los organismos.
La noticia es un alivio para todos los actores judiciales, en especial para la Corte de Justicia y el Foro de Abogados, que sostienen que la única opción para ganar aire es armar nuevas estructuras y que las causas que promueve el Estado se repartan en una mayor cantidad de juzgados. Con esa finalidad fue que se creó hace un par de años el Juzgado Contencioso Administrativo. Pero como sólo interviene en las demandas de la provincia por más de 8 mil pesos y las 49 mil en cuestión son por menos, no alcanza para solucionar el problema.
El tema es también de especial interés para las reparticiones del Ejecutivo que integran el eslabón de cobro a los que no pagan los impuestos. Es que si no se toman medidas extraordinarias, en Fiscalía de Estado -que representa a la provincia en los litigios judiciales- y en Tribunales temen que miles de juicios contra morosos de tributos queden en la nada. Más si se tiene en cuenta que con el nuevo Código de Procedimiento Civil, la provincia tiene hasta seis meses para notificar a los demandados y con las demoras por tantas causas juntas, hay riesgo de no llegar a tiempo, que los juicios pasen a archivo y que el fisco pierda de cobrar los cientos de millones que le deben los contribuyentes.
En el Foro de Abogados consideran que deberían ser tres juzgados de ejecuciones fiscales, es decir un fuero nuevo que se dedique exclusivamente a tramitar los juicios ejecutivos que impulsa el Estado. Argumentan que es el número mínimo para compensar el crecimiento de la población y el estallido que se registró en los últimos años en la cantidad de litigios en la Justicia.
En Paula y Libertador sacan cuentas y quedan cosas por definir. Según las fuentes, todavía no está resuelto cuántos juzgados se pondrán en marcha y de qué fuero serán. La opción que hay a lo que opina el Foro es incrementar el número de los que pertenecen a la Justicia de Paz.