Como lo había adelantado en un escrito la Fiscalía de Estado, la Provincia les empezó a pagar la deuda 87-88 a los ex policías que hicieron juicio y consiguieron una sentencia favorable firme. Hasta ahora, de acuerdo a los registros del organismo que encabeza Guillermo De Sanctis, el Estado canceló en cuotas la obligación que mantenía con 146 retirados y hay otros 44 que están cobrando. Son los primeros de un listado de 700, aunque resta que algo menos de la mitad acredite fehacientemente que está legitimado para percibir el dinero.
El aviso de pago de los juicios se conoció en septiembre del año pasado y generó mucha expectativa entre los ex policías que reclaman haber sido víctimas de una mala liquidación de haberes a fines de la década del ’80, cuando la Caja de Jubilaciones todavía dependía de la provincia. Algunos iniciaron juicios y los que tiene sentencia firme empezaron a cobrar mientras que varios cientos de retirados no agotaron la vía administrativa y están esperando que el Ministerio de Hacienda les diga si les corresponde cobrar (ver foto).
La Provincia empezó pagar en forma progresiva de acuerdo a la disponibilidad financiera y en el primer lote entraron 190 ex policías. Los que ya cobraron todo son 146 y el resto ya empezó a cobrar y en los próximos meses recibirán las próximas cuotas. Para atender la obligación con este primer grupo, el Estado ha desembolsado hasta el momento 2,4 millones de pesos, según la planilla oficial que entregó Fiscalía de Estado.
Los 190 son parte de una causa que incluye a 700 demandantes, que obtuvieron sentencias favorables en el Juzgado Civil Nº 1 y después, a través de un fallo de Cámara que quedó firme. La acción judicial la inició un solo retirado y a medida que fueron ingresando nuevos planteos, se juntaron bajo un mismo proceso.
Los abogados Gustavo Sambrizzi y Edgardo Navarro, de la oficina auxiliar de Fiscalía de Estado, aseguraron que de los 700, hay 400 que ya presentaron todos los papeles para cobrar. Y los otros 300 deben terminar los trámites, para demostrar que están legitimados. En el caso de los fallecidos, los herederos deben acompañar la declaratoria de heredero y la designación de un administrador con derecho a cobrar.
El promedio de las deudas es de 15 mil pesos, mientras que los montos adeudados a cada acreedor varían considerablemente. Van desde los 6 mil hasta los 43 mil pesos, dependiendo del cargo que ocupaban al momento de retirarse de la fuerza.
Quedan otras causas dando vueltas y con el antecedente que hay, se especula que seguirán la misma suerte y que la Provincia deberá pagar la vieja deuda, que es motivo de un reclamo histórico de los retirados. Navarro lo confirmó, pero aseguró que son “muchos menos” actores.