La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto que presentó el Ejecutivo en el que busca dejar en claro un tema clave en los juicios ejecutivos de cobro de deudas fiscales y que además, ayudará al recupero de esos saldos en rojo. Un fallo de la Corte de Justicia sentó una postura diferente a cómo se venían resolviendo esas causas, por lo que en la iniciativa oficial, que incorporará un inciso a un artículo del Código Procesal Civil, se apunta a respetar el criterio que tuvieron los legisladores al poner en marcha ese proceso. Si bien en Fiscalía de Estado no lo dicen, la resolución del tribunal complica el cobro de las obligaciones.
El eje de la discusión son los plazos de los procesos monitorios. Estos son mecanismos judiciales breves, a los que se llegan, por ejemplo, cuando Fiscalía demanda a un particular que tiene una deuda con Rentas. El sistema apunta a ser ágil en el cobro de las obligaciones determinadas. La Corte, con los votos de Adolfo Caballero, Humberto Medina Palá y Juan Carlos Caballero Vidal, sostiene que en los juicios ejecutivos, luego de la sentencia monitoria, Fiscalía de Estado, quien impulsa la demanda y promueve la acción, debe notificar al particular. Si no lo hace dentro de seis meses que establece el Código, al proceso se le da de baja por "caducidad de instancia", es decir, la falta de movimiento del actor. Antes del fallo del máximo tribunal, el resto de los juzgados venían señalando que en el sistema monitorio no está contemplada la caducidad de instancia, o sea, que no existe la presión de notificar de manera exprés, por lo tanto, no había el riesgo de que se cayeran.
Frente a esta situación, Jorge Alvo, fiscal de Estado, ya había adelantado en LV5 que la movida de la Corte "nos llevó a ordenar el área de Ejecuciones para que notifiquen con premura a los fines de evitar la caducidad". También había adelantado que iban a trabajar en un proyecto de ley sobre el tema. El funcionario explicó ayer que "hay dos interpretaciones judiciales, lo que se trata es de dar claridad. Pensamos que una de ellas es la que señala que no hay caducidad de instancia en un proceso monitorio, tal cual fue el espíritu del legislador cuando lo plasmaron en el Código Procesal Civil". El artículo al que hoy se le agregará un inciso es el 277, que fijará que los procesos monitorios también queden libres de caducidad.
Pese a que Alvo señala que la decisión de la Corte no le genera riesgos de que se caigan expedientes de cobro porque han reforzado las áreas, lo cierto es que cada abogado maneja entre cinco y siete mil causas. Y si encima ahora está la presión de cumplir con plazos de notificación a los demandados cuando en ocasiones el domicilio no es el correcto y cuesta encontrarlo, el tema despierta una señal de alerta, reconocieron fuentes calificadas.
Por la mayoría que cuenta el oficialismo, se descarta que la modificación sea aprobada. Pero el proyecto ha generado opiniones dispares en la oposición. El ibarrista Carlos Munisaga anticipó que apoyará la medida, ya que "así es la voluntad del legislador que creó el Código. Con ese fallo, la Corte cambia la interpretación después de siete años de funcionamiento del sistema y está afectando el proceso monitorio, lo está desvirtuando".
Por su parte, la basualdista Susana Laciar indicó que su bloque votará en contra porque "la sentencia de la Corte fue el motor de este proyecto. Esta es una ley "pro Fiscalía de Estado" que perjudica a los deudores porque cualquiera que tenga un título ejecutivo, un banco o una financiera, no van a tener plazos para notificar y los van a estirar para cobrar más intereses".
Juzgados abarrotados
La mayoría de las acciones judiciales que impulsa Fiscalía de Estado de la provincia para cobrar deudas de montos menores generadas en Rentas son tramitadas en los Juzgados de Paz. Las demás, de valores más elevados, se destinan a los tribunales civiles.
Según el último informe estadístico de la Corte de Justicia de San Juan, los juzgados de Paz nuclean la mayor cantidad de expedientes que se tramitan dentro del sistema, como es el caso de Capital (foto).
En 2016, a ese fuero ingresaron 47.895 causas y se resolvieron 37.025. Sólo en trámite (que están activas con algún movimiento en el último año) se acumulan 60.942, mientras que las inactivas (sin movimiento) son 180.787, lo que hace un total de 241.729 causas.
Causas
45 Mil expedientes ingresan cada año, en promedio, a Fiscalía de Estado desde la Dirección General de Rentas por deudores que no cumplieron con sus obligaciones.
En Ejecuciones
Cantidad de letrados
Fiscalía de Estado tiene un área específica para llevar adelante las ejecuciones judiciales. Actualmente hay poco más de 50 abogados que llevan a cabo esas acciones. Cada uno de ellos tiene en mano entre 5 y 7 mil causas que deben estar al día para no producir la caducidad.