En medio de la discusión que se ha generado a partir de la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el llamado protocolo antipiquetes, una reglamentación para actuar en casos de manifestaciones públicas que provocan cortes de calles y rutas, en el Ejecutivo sanjuanino hay decisión de adherir, según confirmó ayer el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. “Acompañamos los principios generales y vamos a firmar”, dijo el funcionario.

El Consejo de Seguridad Interior, integrado por autoridades nacionales del Ministerio del Interior y los ministros del área de cada provincia, entre ellas la cartera política sanjuanina, aprobó el miércoles de la semana pasada en Bariloche el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, más conocido como protocolo antipiquetes. Se trata de un procedimiento de actuación para evitar que las manifestaciones públicas, que pueden ser impulsadas por un gremio por un reclamo sectorial o por un grupo de trabajadores que, por ejemplo, protestan por sus fuentes de trabajo, corten vías de circulación impidiendo el normal desplazamiento de las personas.

Esta modalidad de reclamo alcanzó apogeo durante la gestión kirchnerista, sin que el Gobierno nacional tomara medidas para evitarlas y por ello mucho menos actuaban las fuerzas de seguridad. Pero con la nueva gestión de Mauricio Macri hay intención de reglamentar los reclamos para evitar inconvenientes en la circulación de las personas. La decisión ha generado rechazo en ámbitos gremiales, que sienten que se les intenta cercenar el derecho de protestar.

“La idea es que las protestas duren los menos posible y que ocasionen el mínimo impacto posible”, dijo Baistrocchi. En ese sentido, contó que firmarán la reglamentación nacional una vez que definan los detalles del proceder de la Policía local y cómo se complementará con la Policía Federal y la Gendarmería (la primera actuará cuando el piquete afecte un arteria provincial y las otras dos cuando sea una ruta nacional).

Según el protocolo aprobado en Bariloche, en el caso de una manifestación pública con corte de calles, se establecerá un espacio de negociación y se dará aviso a la Justicia. Luego, por altoparlante o viva voz, el jefe del operativo comunicará a los manifestantes que deben desistir de interrumpir la circulación y que deberán retirarse a un costado, garantizando la libre circulación. Si los protagonistas de la protesta no deponen su actitud, las fuerzas se seguridad procederán a intervenir para disolver la manifestación, con conocimiento de la Justicia.

Independientemente de lo que dice el protocolo, Baistrocchi aseguró que seguirán “garantizando el derecho de protesta de todos los ciudadanos y que la Policía custodiará a los manifestantes cuando se trate de un reclamo medido que no afecte derechos de terceros”.

En la historia provincial no hay muchos antecedentes de protestas violentas que hayan demandado la intervención de las fuerzas de seguridad y muchos menos con gases lacrimógenos o balas de goma, que es a lo que más temen los gremios. Uno de esos episodios fue un violento reclamo en la gestión de Jorge Escobar, conocido como el sanjuaninazo (ver aparte), y después hay que remontarse a la administración de Alfredo Avelín, cuando los trabajadores protestaban por el retraso en el pago de los salarios.

Sobre el nuevo protocolo, el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, sostuvo que “no se trata de aplicar mano dura ni mano blanda, sino que se trata de mano justa. Todo el mundo mantiene su derecho a la manifestación, pero a lo que tenemos que apostar es a una integración entre los derechos de toda la gente, también del que quiere circular”.

Por lo pronto, la Jefatura de Gabinete ha abierto una instancia de sugerencias para realizar modificaciones a la normativa.