El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hará un cambio histórico dentro de su estructura. Según consta en dos proyectos de ley que ingresaron a la Cámara de Diputados, el instituto modificará el mecanismo por el cual calcula las cuotas que deberán pagar los nuevos beneficiarios de la provincia y cambia el sistema que determina el costo de construcción de una vivienda. Pero además, fijará parámetros mínimos y máximos para el pago por mes. El objetivo es lograr que cada grupo familiar adjudicatario cuente con un plan de pago acorde a sus ingresos y que las cuotas puedan ser actualizadas para que las mismas no pierdan valor con el tiempo. Eso permitirá un mejor recupero de costos por parte del IPV, lo que servirá para la construcción de nuevas casas. Un ejemplo del límite a implementar es que el futuro valor de la cuota no podrá superar el 20 por ciento del ingreso total de la familia.

Hoy los valores han quedado desfasados. Hay beneficiarios que pagan entre 50 y 100 pesos mensuales por una casa del IPV.

Para el pago de las cuotas, el sistema será a través de la denominada Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Mientras que para determinar el costo final de una casa se empleará las Unidades de Vivienda (UVI). Una vez que la ley sea sancionada y esté en marcha, el beneficiario de una solución habitacional pagará por mes determinada cantidad de UVA, en base a las UVIs que costó su casa. El valor de las UVA son publicadas diariamente por el Banco Central de la República Argentina. El mismo se calcula a través de un coeficiente que tiene como parámetro la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Algo similar ocurre con las UVIs, ya que el valor está indexado por el índice de costos de la construcción y también se publica diariamente.

Teniendo en cuenta que el IPV tiene como fin la construcción de viviendas y reducir el déficit habitacional de la provincia, sin generar ganancias en el medio, la administración uñaquista plantea parámetros fijos para el pago de las casas. El plazo de financiación de esas estructuras, los años por el que pagarán una cuota, quedará determinado por la instituto teniendo en cuenta la capacidad del grupo familiar. Las cuotas tendrán sus límites: el monto resultante por mes no podrá superar el 20 por ciento del ingreso total del grupo familiar; y si la inflación hace que el valor de las UVA supere en un 10 por ciento o más el coeficiente de variación salarial, el instituto podrá imponer un tope, subsidiando el resto de la cuota. Además el pago mensual tendrá un piso, ya que el valor no podrá ser menor al 10 por ciento del monto del salario mínimo vital y móvil.

Por otro lado, el proyecto estableces que, luego de hacer un análisis socioeconómico y considerando el ingreso del grupo familiar, el IPV puede realizar una quita de hasta el 20 por ciento del valor final de la vivienda. El objetivo es que esa familia cuente con una casa y con los recursos pagar la misma.

Otro punto clave del proyecto es que quienes se demoren en el pago, al momento de hacerlo efectivo deberán afrontar un valor de la cuota teniendo en cuenta la cotización del día de la UVA.

Tanto el titular del IPV, Juan Pablo Notario, como el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, no contestaron los llamados para hablar de los cambios planteados en los proyectos, aunque este último sí adelantó que habrá una modificación para que el IPV deje de estar intervenido (ver recuadro).

Fin de la intervención

En la reunión que mantuvo el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, con la comisión de Obra y Servicios Públicos de Diputados, indicó que habrá cambios en la estructura del IPV.

Una vez que la ley sea aprobada, el instituto dejará de estar intervenido y pasará a estar normalizado con el nombramiento de un director, un subdirector y un Jefe Técnico. La intervención hoy la conduce Juan Pablo Notario junto a Daniel Gimeno como subinterventor. Los nuevos cargos serán políticos y estarán en manos del Ejecutivo. Desde su creación que el IPV está intervenido.