Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento admitieron formalmente ayer la denuncia que el fiscal de Estado presentó contra el juez Carlos Macchi por su presunta participación en el escándalo de las expropiaciones. En la práctica significa que el proceso de remoción seguirá y que, al menos por el momento, no pasará a archivo. El tribunal le correrá traslado esta misma semana al fiscal General de la Corte y el titular del organismo que defiende el patrimonio de la provincia, para que decidan si acusan al magistrado de irregularidades que justifiquen su destitución.
El diputado Pablo García, uno de los integrantes del Jurado, explicó que aceptaron la denuncia que le apunta a Macchi porque “entendemos que los argumentos son fundados y que la presentación cumple con los requisitos que establece la ley”. De esta forma, el pedido de destitución pasó el primer filtro y sigue su curso.
La resolución no implica que Macchi sea culpable o inocente, porque el Jurado analizó en esta etapa el aspecto formal y no el fondo de la cuestión. Pero se trata de un paso clave. Pasa que el primer dictamen determina la suerte del proceso y si hubiera sido contrario, la denuncia pasaba a archivo y el magistrado se aseguraba su continuidad en el cargo.
El proceso de remoción contra Macchi se disparó el 7 de marzo, cuando el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, lo acusó de haber omitido y convalidado más de una treintena de hechos ilegales en juicios de expropiaciones que ayudaron a inflar el valor de terrenos y a que se consumara una presunta estafa millonaria contra la provincia. Por todo eso, el funcionario sostiene que el juez incumplió los deberes a su cargo y cometió mala conducta.
Ahora, el expediente será remitido al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y a De Sanctis. Los dos cumplen un rol vital, porque representan el segundo filtro. Si consideran que en la denuncia hay elementos para acusar a Macchi, todo derivará en un juicio contra el magistrado. De lo contrario, al no haber irregularidades que endilgarle, el Jury se paralizaría.
Si Macchi es destituido, se quedará sin fueros y en condiciones de ser sometido a la causa penal que se está sustanciando por el escándalo de las expropiaciones. Allí hay 11 profesionales sospechados (entre ellos el abogado Santiago Graffigna, que continúa detenido) de ponerse de acuerdo para articular maniobras anómalas con el objetivo de aumentar el precio de los inmuebles que tenía que pagar el Estado.
Junto a la admisión formal de la denuncia, el Jurado de Enjuiciamiento denegó la recusación que había presentado Macchi contra dos de sus miembros, los diputados García y Marcela Monti, por ser del mismo color político del Gobierno, que es quien impulsa la causa penal. El legislador se limitó a decir que “se rechazó por ser atemporal”.