El pedido de destitución contra el juez de Jáchal, Javier Alonso, ante el Jurado de Enjuiciamiento, sacó a la luz el malestar reinante entre el magistrado, el intendente Miguel Vega y la Corte de Justicia, que realizó la denuncia. Entre los ejes conflictivos aparece la expropiación del terreno que llevó adelante la comuna para que el Poder Judicial construya la Ciudad Judicial para la Segunda Circunscripción. Según indicaron fuentes calificadas, en el máximo tribunal hubo bronca contra Alonso debido a que en dos años no tramitó ni llevó adelante el juicio de expropiación para descomprimir el saturado actual edificio en el que cumplen tareas el personal del juzgado. En el entorno del juez señalan al jefe comunal como el supuesto ideólogo de una maniobra política que derivó en el proceso de remoción, algo que en el círculo de Vega niegan rotundamente, además de que dicha acusación le ha caído pésimamente. Es más, en el departamento circula que Alonso habría filtrado datos de causas ligadas a familiares del intendente.

Alonso fue asesor en el Concejo Deliberante jachallero durante la primera gestión de Vega, por lo que, por entonces, la relación era de confianza. Sin embargo, el vínculo se rompió a tal punto que el intendente quiso mantener una reunión institucional con el ya designado juez sobre el avance de la expropiación del terreno para el Poder Judicial, pero, llamativamente, no fue recibido, recordaban las fuentes. Inclusive, circuló que la relación entre ambos había sido tal que Alonso le habría solicitado al jefe comunal el gesto para que su esposa participara en el mundo de la política de Jáchal. Al parecer, Vega no accedió al pedido, lo que desató rencores, señalaron las fuentes.

Con respecto a la Ciudad Judicial para Jáchal, el proyecto fue anunciado por la Corte en octubre de 2018, durante el acto en el que Alonso asumió como juez. La intención del máximo tribunal era comenzar la obra a principios del 2019, con una inversión de 140 millones de pesos. Para ello, el intendente se comprometió a expropiar un terreno que se encuentra a 50 metros del municipio y cederlo al Poder Judicial para que construya en ese lugar un edificio de dos plantas con 3.000 metros cuadrados cubiertos. La adquisición del predio fue aprobada por el Concejo Deliberante y, luego, el expediente recayó en el Juzgado porque los propietarios no estuvieron de acuerdo con el monto que fijó el Tribunal de Tasaciones. De acuerdo con el procedimiento, si hay diferencias entre las partes por el monto a pagar, se debe iniciar un juicio para hacer el reclamo. Con el proceso iniciado, el juez tramita el depósito y transfiere el terreno para que quien expropió, en este caso el municipio, tome posición del mismo. Después, se continúa con el reclamo judicial por el valor del predio. Según indicaron las fuentes, Alonso no hizo ningún trámite y el expediente "durmió" durante dos años. Incluso, hasta el día de hoy el terreno no está en manos del Poder Judicial. Desde Tribunales dijeron que tuvo que llegar el nuevo juez Eduardo Vega para que el expediente retomara su curso.

Alonso fue denunciado por la Corte por morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta, luego de que una auditoría detectara atrasos en más de 500 expedientes. El juez fue suspendido el viernes y restan horas para que venza el plazo en que el fiscal General, Eduardo Quattropani, y el de Estado, Jorge Alvo, acusen o no al magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento (ver recuadro). Todo indica que lo harán de manera conjunta.

• Acusación y defensa

Según trascendió, todo indica que el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, presentarán en conjunto la acusación contra Alonso. Por otro lado, el abogado del juez, Franco Montes, manifestó estar "sorprendido" por el secuestro de expedientes que la Corte llevó adelante en Jáchal. Indicó que, junto a su colega Marcelo Fernández, no descartan hacer una presentación en el Jury, ya que "llama la atención que quienes denunciaron sean quienes resguarden la prueba".