Los diputados de la Comisión de Hacienda estudiarán, a partir del próximo lunes, la denuncia formulada contra el Tribunal de Cuentas en general y su presidente en particular, Isaac Abecasis. La acusación cobra una relevancia trascendental debido a que fue realizada por la vicepresidenta y la vocal del organismo, Graciela Chaves y Laura Yanzón, respectivamente, quienes señalaron ‘un accionar arbitrario e ilegal‘ del Tribunal y una ‘constante obstaculización de sus funciones‘.

Los legisladores analizarán la denuncia y evaluarán la necesidad de pedir informes para evaluar los pasos a seguir, según explicó Javier Ruiz, titular de la Comisión de Hacienda. En el caso de que se comprueben las acusaciones, el presidente puede ser removido por un jury de enjuiciamiento. Abecasis expresó en Radio Colón que ‘estoy dispuesto a rendir balance de mi gestión‘.

CUENTAS BAJO DUDAS
El Tribunal de Cuentas es el encargado de supervisar los ejercicios contables de todas las reparticiones de la administración pública y de los municipios y arrastra conflictos entre sus integrantes desde hace unos años. En 2008, Chaves y Yanzón señalaron que el balance del organismo, que se elevó a la Cámara de Diputados, estaba mal confeccionado y en marzo de este año, aseguraron que la cuenta 2009 era ‘incompleta e insuficiente‘.

La nueva denuncia ingresó el pasado 16 de noviembre en la Legislatura, ya que es el órgano de control del Tribunal. El expediente fue girado a la Comisión de Hacienda de Diputados, cuyos integrantes podrán solicitar los informes correspondientes para profundizar cada uno de los puntos de la acusación, destacó Ruiz.

Para llevar a cabo el pedido de informes, el planteo tiene que ser elevado a la Cámara para que sea aprobado. Pero como ha finalizado el período de sesiones ordinarias, el avance de la causa se demoraría hasta una reunión extraordinaria o hasta la conformación del nuevo cuerpo, a partir del 10 de diciembre.

Los dos miembros del organismo resaltaron una serie de irregularidades entre las que se destaca que la cuenta general 2007 de la Municipalidad de Caucete fue aprobada ‘cuando no estaban dadas las condiciones‘, porque el presidente no convocó a sesión plenaria para tratar esa cuenta, según figura en la denuncia. Chaves y Yanzón remarcaron que ‘las actas se confeccionan y datan conforme al libre arbitrio de Presidencia‘, que ‘el Tribunal por mayoría ha aplicado multas arbitrarias, violando garantías constitucionales‘ y que los miembros siguen interviniendo en expedientes ‘en los que están recusados‘.