Buenos Aires, 30 de mayo.- Diego Pirota, abogado del vicepresidente de la Nación Amado Boudou, resaltó este viernes que "desde lo jurídico no le encuentra explicación a la citación" del juez Ariel Lijo para que el ex ministro de Economía preste declaración indagatoria en la causa Ciccone.
"Fue el mismo vicepresidente el que se presentó ante la justicia y presentó documentación probatoria en el mes de diciembre", señaló Pirota, y aseveró que desde entonces "en la causa no ha cambiado nada".
En ese sentido, recordó que el vicepresidente "inclusive solicitó que se realice una pericia sobre su patrimonio" y agregó que "sin embargo desde algunos medios de comunicación se sigue hablando de enriquecimiento ilícito de Boudou".
"Esos medios hacen referencia al tema de manera tan confusa que la población pueden entender una versión distinta a la que marca el expediente", explicó el abogado.
Con respecto a esta citación, prevista para el 15 de julio próximo, Pirota aseguró que "las explicaciones que brindará Boudou serán las mismas que ya brindó en el mes de diciembre", también ante la justicia.
El juez LIjo citó además a José María Núñez Carmona, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, y a Guillermo Reinwick y Nicolas Ciccone.
Ciccone y Reinwich hasta ahora habían declarado en carácter de testigos, pero ahora el juez decidió imputarlos como parte de las maniobras investigadas.
El juez tomó la decisión de imputarlos a pesar de que aún se aguarda una resolución de la Cámara Federal que deberá decidir si los testimonios de Cicone y Renwich son válidos.
Boudou está acusado de supuestas negociaciones incompatibles con la función pública porque habría intercedido para el salvataje de la imprenta. De acuerdo a las pruebas y el relato de los testigos, el fiscal que investiga la causa, Jorge Di Lello, cree que Boudou se interesó directamente en una empresa que iba a ser manejada por su entorno, y que dependía de un área del Estado a su cargo.
Desde el inicio de la causa, el vicepresidente negó todo vínculo con Vandenbroele y el paquete accionario de The Old Fund.
El Código Penal establece que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".