Al habilitar la red de agua potable en la localidad caucetera de Los Compartos, el lunes pasado, José Luis Gioja hizo notar que la semana empezaba de una manera diferente -"inaugurando una obra para los trabajadores rurales", dijo- mientras en Buenos Aires y el resto de la Pampa Húmeda comenzaba una nueva protesta de la Mesa de Enlace. Sin embargo, abrir esa puerta, la de las reivindicaciones pendientes, implica hacerlo del todo y afrontar que es mucha la tarea postergada.

El titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) local, Oscar Bernard, dijo que la AFIP tiene constancia de poco más de 3.000 obreros de este rubro en la provincia, mientras que habría más de 40.000 en realidad. La estimación surge de la cantidad de remuneraciones contadas por el Ministerio de la Producción al cabo de un año e incluye tanto al personal permanente como a los golondrinas. La cuenta, entre registrados y no registrados, arroja un saldo de 37.000 peones en negro, sin cobertura social, previsional, ni de ningún otro tipo.

Como podría interpretarse en un primer vistazo, el asunto representa un problema grave para los trabajadores, que no tienen obra social, aportes jubilatorios ni cobertura en caso de accidentes laborales. Sin embargo, para los empleadores es también un dolor de cabeza, cada vez que reciben una inspección y deben soportar una multa de 5.000 pesos por cada obrero irregular.

Se preguntará el lector cuál es el problema, si bastaría con blanquear a todos los empleados para llevar a cabo la cosecha sin sobresaltos. Dicen los productores vitivinícolas en particular -todo el arco agrícola en general- que las reglas de aportes y contribuciones para el campo son imposibles de afrontar con los márgenes de rentabilidad actuales y menos aún para una actividad en la que la tarea de un golondrina puede durar sólo 24 horas. Dar de alta y de baja por tan poco tiempo resulta inviable y anti-económico. Aseguran que es un marco normativo hecho a la medida de la Pampa Húmeda, donde son pocos los obreros por hectárea y la ganancia es verdaderamente holgada en comparación con las modestas economías regionales, entre ellas la vitivinícola.

Todo podría resolverse con un convenio de "corresponsabilidad gremial" cuya firma está pendiente desde hace no menos de dos años. Serviría para acomodar los términos de la ley a la realidad local, aunque son muchos los detalles irresueltos.

Mientras tanto, se vuelve más difícil conseguir obreros para la temporada, porque los beneficios sociales que paga la Nación se han vuelto importantes, muchas veces, superiores a un jornal.

Lo peor que podría ocurrir sería atravesar una nueva cosecha sin haber pasado en limpio el asunto. Más allá de que el patrón pueda zafar de las inspecciones. O el obrero pueda embolsar el dinero que le permita vivir algunos meses. Como fue siempre. Llegó el momento de cambiar.