Este jueves, el juez Pablo Flores presentó certificados médicos para extender su licencia que inicialmente fue por 20 días. Ahora solicitó que sea hasta el 7 de diciembre y, tal como la primera vez, uno es por problemas cardiológicos (con el avala de un profesional de un instituto especializado) y otro psicológico. 

Flores quedó en la mira por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscal Claudia Salica le pidió a Ortega que lo indague y el juez interino le solicitó a su vez al Jurado de Enjuiciamiento que lleve adelante la destitución contra el magistrado. De acuerdo a la normativa local, un juez no puede ser sometido a un proceso penal por sus fueros. Por eso, para poder abrir una causa en su contra tiene que ser removido de su cargo a través de un jury. 

Al magistrado Flores se lo investiga por haberle entregado una camioneta Toyota al comisario Gustavo Padilla como depositario judicial, cuando tal facultad es competencia exclusiva de la Corte de Justicia. La movilidad quedó en manos del uniformado que estaba al frente del depósito de vehículos de 9 de Julio, para tareas laborales, pero la utilizó para fines particulares.

De hecho, fue procesado por Ortega por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como funcionario. Además, tanto la fiscal como el juez interino le cuestionan a Flores que el título de propiedad y la cédula verde de la Toyota eran apócrifas, por lo que el magistrado debió haberse apartado de la investigación sobre la camioneta y enviar la causa a la Justicia Federal. Nunca lo hizo, al igual que tampoco puso a disposición otros vehículos que secuestró, que tenían además números de chasis y motor adulterados (competencia del fuero federal) y pedidos de secuestro de otros juzgados.

Sobre ese punto, tanto Ortega como Salica reflejaron el estado de abandono de la causa que derivó en el secuestro de los vehículos, al punto de que los imputados nunca fueron indagados. Flores venía de una suspensión que el máximo tribunal le aplicó el 8 de agosto de 2018. Fue por 30 días sin goce de haberes por demoras e irregularidades en el manejo de más de 60 expedientes.