La cuestión política, la judicialización y salir a comunicar las bondades de la minería. Esos fueron los ejes con los que el gobernador Gioja bajó línea ayer a su tropa de legisladores provinciales y a sus cuadros de intendentes, ayer en la maratónica jornada de reuniones organizadas en la Gobernación.
Motivada por la sanción de una ley nacional de glaciares adversa a una de las industrias que ha hecho trepar los índices de crecimientos local en los últimos años, la gobernación armó una serie de encuentros con las fuerzas vivas y políticas de San Juan para captar adhesiones. El viernes desfilaron por el despacho oficial una veintena de cámaras empresarias y sindicales y el gabinete a pleno; y ayer les tocó el turno a diputados del Frente para la Victoria primero, y luego a los intendentes. Las reuniones empezaron a las 10, a puertas cerradas, y no duraron menos de dos horas cada una. A las 2 de la tarde aún habían algunos caciques justicialistas en los jardines de la Gobernación.
En todos los casos, Gioja recibió un apoyo incondicional en su estrategia para defender de los atropellos del centralismo porteño a la potestad de la provincia sobre sus recursos naturales.
Ayer con su tropa de legisladores e intendentes Gioja se encargó de bajar línea para estar alineados bajo una estrategia común frente a futuras embestidas antimineras.
* No es una señal K: Es la primera lectura que instaló el gobernador. No quiere que se instale la idea de que el revés en el Senado es una bajada de pulgar del matrimonio K. Explicó que los sorprendentes votos de Pampuro y principalmente del jefe del bloque oficialista, Pichetto, responden a una situación particular de posicionamiento político de los protagonistas. "El gobernador nos dijo que no hay una conexión directa con el gobierno nacional", explicó el jefe de bloque local, Victor Doña. "Cuando analizamos en detalle, sólo son 7 de 23 los que votaron en contra del Frente para la Victoria. Entonces, en definitiva el presidente de bloque arrastró poco", razonó.
*Judicialización: Gioja transmitió la estrategia judicial de la provincia, de acudir a los estrados judiciales para solicitar la inconstitucionalidad de la nueva norma, basado en que no se trata de presupuestos mínimos ni reconoce la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales. Mientras el gobierno lo haría ante la Corte, una o varias cámaras empresarias lo harían ante la justicia federal, para conseguir un freno más rápido.
*Comunicación: Fue claro el mensaje de que hay que salir a comunicar "en forma más inteligente" para esclarecer las dudas de la gente sobre la minería. "No basta con decir "minería responsable", hay que elaborar contraargumentos con mensajes inteligentes frente a los ataques de profesionales de la exageración, tanto para el orden provincial como nacional", dijo el diputado Eduardo Bustelo.