Los abogados que representan al juez de Jáchal, Javier Alonso, pidieron en las últimas horas que se aparte de la causa en su contra al fiscal de Estado, Jorge Alvo.

Días atrás, Alvo informó días atrás que  pedirá al Jurado de Enjuiciamiento que lo suspenda de su cargo mientras dura el proceso de destitución. El responsable del organismo que defiende el patrimonio de la provincia explicó que el magistrado incurrió en fallas de organización y de dirección, lo que llevó a que el tribunal que conduce sea un "caos". Por eso, destacó que "no puede seguir al frente". La Corte de Justicia había denunciado al titular del juzgado jachallero, sede de la Segunda Circunscripción Judicial, por el escaso avance en la resolución, en un plazo de seis meses, en 525 expedientes, entre las que están incluidas causas con personas detenidas y hechos de violencia de género e intrafamiliar.

La nota fue presentada al Jurado de Enjuiciamiento por los abogados Marcelo Fernández y Francisco Montes, quienes representan al magistrado investigado. 

El caso

La Corte en pleno había denunciado a Alonso por "morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta". La embestida obedeció a que se detectaron el año pasado 525 expedientes paralizados. Entre ellos, hay causas civiles y laborales (el Juzgado de Jáchal es multifuero) con "términos vencidos para su resolución". Además, en "los procesos sobre integridad sexual, sin detenidos, se evidencia una inacción injustificada de entre 9 y 12 meses en promedio, en su mayoría, sin indagatoria" con respecto a los sospechosos, indicó la auditoría. También hubo casos penales en los que no se produjeron avances, al punto de que hay más de 20 detenidos a los que no se les regularizó su situación procesal, había indicado el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur.

El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el cortista Guillermo De Sanctis, admitió la denuncia y envió copias del expediente al fiscal de Estado y al fiscal General. Fue Alvo quien había adelantado que acusará a Alonso debido a que "las causas con detenidos tienen prioridad en su tramitación y deben resolverse sin dilaciones injustificadas. Esa falta constituye un factor de atribución de responsabilidad del Estado directa y objetiva, que puede llegar a causar un perjuicio patrimonial". También había señalado que hubo expedientes por violencia de género e intrafamiliares que "no tuvieron ningún tipo de resolución. La ley de violencia familiar y los tratados internacionales indican que el juez debe abocarse de manera inmediata para darle protección a la víctima, contención psicológica y física".