Los expedientes que fueron secuestrados del Juzgado de Jáchal dieron cuenta de una situación clave contra el juez Javier Alonso. Después de la auditoría de febrero y hasta su suspensión de hace 10 días de su cargo, el magistrado resolvió unas 60 causas que tenía atrasadas, según indicaron fuentes calificadas. Con dicha conducta, en Tribunales indicaron que quedó demostrado que, durante 2019 y 2020, el juez no tuvo intenciones de trabajar y que decidió avanzar una vez que tuvo la presión de la Corte de Justicia, que lo denunció por morosidad injustificada, mala conducta e incumplimientos de los deberes a su cargo. Incluso, según se pudo conocer, parte de esos documentos fueron utilizados por el fiscal General, Eduardo Quattropani, y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, en la dura acusación que formularon el jueves pasado ante el Jurado de Enjuiciamiento, en la que solicitaron que el juez sea removido de su cargo.

En el ámbito Penal, según la acusación, existe la "grave presunción" de un "desconocimiento palpable" de Alonso en la materia. Es que "desde julio, hasta la fecha de la auditoría, no se registran resoluciones de mérito de sobreseimiento fundado, prescripciones, autos de procesamientos, falta de mérito o elevación a juicio", salvó en un expediente. El vacío se condice con el traslado del secretario Penal, Hugo Amaya, a la Primera Circunscripción, por lo que, sin esa persona, Alonso "se vio impedido de proyectar sentencias o suscribir resoluciones, dado que, en su mayoría, eran proyectadas por aquel". En el caso de las causas de violencia de género, intrafamilar y contra la integridad sexual, no hubo avances en 115 expedientes.

Un ejemplo de retraso y resolución a las apuradas fueron las audiencias bajo el sistema oral, pertenecientes al fuero Civil. Según la acusación, existían expedientes en los que el magistrado debía fijar fecha de audiencia y no lo hizo. Incluso, destacaron como "llamativo" que, después de la auditoría, 10 de 11 procesos sí se tramitaran, situación que "evidencia la falta de apego al trabajo y la morosidad denunciada", lo que no tiene justificación por parte del juez, indicaron las fuentes. También resultó llamativo que esos diez expedientes se resolvieran el mismo día, el 17 de febrero.

A ellos se les suman situaciones más irregulares que reflejaron un grado crítico de morosidad. En los procesos de amparo, cuyo trámite demanda actuación urgente, con un plazo de cinco días para el dictado de sentencia desde que el expediente está para resolver, Alonso "postergó dichos plazos durante más de un año". Por ejemplo, hubo tres expedientes contra la municipalidad de Iglesia con autos para resolver en noviembre de 2019, enero y marzo de 2020, y el magistrado dictó resolución definitiva el 11 de mayo de 2021 para los tres. Además, los acusadores destacaron que existió un claro desmejoramiento en el rendimiento en materia Civil y Laboral desde que Alonso asumió como juez, en octubre de 2018. Es que, según los datos estadísticos, antes que el magistrado fuera designado, en la gestión de Pablo Oritja, existían 50 causas a resolver, de las cuales 20 se encontraban sin término vencidos y 30 con términos vencidos. Con Alonso como juez, en 2019 hubo "un incremento exponencial", ya que el número de causas a resolver se elevó a "195, de las cuales, 43 no tenían términos vencidos y 152, fuera de término".

En cuanto al año pasado, la cifra alcanzó los 205 expedientes sin resolver, 63 de ellos sin términos vencidos y 142 con plazos vencidos.

Defensa

Luego de la acusación de los fiscales, el juez Alonso tiene 15 días para presentar su defensa, con el pedido de pruebas. Tras ese paso, el Jury deberá definir cuáles son los elementos que se presentarán en el debate y fijará una fecha de juicio, la que no podrá superar los 60 días de definida la prueba.